La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) cuestionó todas las expresiones de «odio e intolerancia, los agravios, las injurias y las amenazas contra los trabajadores de los medios de comunicación que manifiestan su opinión sobre la grave situación que atraviesa el país».
El pronunciamiento del sindicato de los trabajadores de los medios de comunicación se emitió a partir de lo sucedido con el periodista de Radio Sarandí y conductor de Telemundo, Aldo Silva, quien sostuvo en diálogo con otros colegas que «sinceramente, creo que al presidente le pediría es que si tenés 70 muertos anuncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente; usted es el presidente de la República».
A partir de ese comentario, el periodista comenzó a recibir cientos de insultos, agravios y amenazas. La senadora Graciela Bianchi -quien será presidenta de la República en caso de ausencia de Lacalle Pou y Beatriz Argimón- afirmó públicamente que «la pandemia tiene algunas cosas positivas: desenmascaran «periodistas» que posaban de profesionales independientes. En las tragedias las muertes son de todos. Los uruguayos tenemos más memoria de lo que los mediocres piensan y no perdonaremos a los miserables».
En este marco, la APU señaló su preocupación por la «creciente escalada de ataques a la libertad de expresión» y por los «agravios contra los trabajadores de los medios de comunicación».
En su comunicado, sostiene que lo ocurrido con Aldo Silva «es el último capítulo de una triste saga que en el contexto de una de las peores crisis sanitarias de la historia del país ha tenido como protagonistas involuntarios a periodistas de varios medios de comunicación».
Para la APU, en los mensajes ha quedado evidenciado «el odio hacia la opinión discordante» y en algunos casos se ha reclamado el despido del trabajador.
«Lamentablemente, algunos actores políticos e incluso algún medio de comunicación han formado parte de la claque que ante la mejor discordancia de opinión, promueve el escarnio y el descrédito contra los trabajadores de los medios de comunicación, llegando al extremo de atentar contra su fuente laboral».
APU indica que «la condena social sumaria que se promueve a través de las redes sociales, en algunos casos fogoneada por conspicuos dirigentes políticos, es una práctica profundamente antidemocrática y peligrosa para la sociedad» y que tiene la obligación de advertir que esa actitud, «atenta contra valores fundacionales de nuestra democracia».