Corte Suprema de Italia condenó a cadena perpetua a represores por Plan Cóndor

Tras más de 20 años de investigaciones, la máxima instancia de la justicia italiana dispuso la cadena perpetua para los criminales de Estado que actuaron en el SID. Ahora se inicia la etapa de ejecución de la sentencia.

Inicialmente fueron 24 los acusados, pero la lista se redujo con la muerte de varios de ellos. En la lista del jueves 8 de julio figuraban 20 acusados, sin embargo, esta se modificó por la reciente muerte de tres de ellos y por una petición de revisión a tres de los acusados, de nacionalidad peruana, caso que será estudiado de manera independiente en el Supremo italiano.

El proceso se desarrolló sin la presencia de ninguno de los acusados, salvo uno: el militar uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, de 74 años, quien acudió debido a que vive en Italia desde 2007, cuando huyó de nuestro país para eludir comparecer ante la Justicia. Tróccoli no acudió a la audiencia de este viernes, cuando se conocieron las condenas.

Según sostuvo la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y directora del Observatorio Luz Ibarburu, la condena a cadena perpetua a los represores «es una buena nueva noticia para el pueblo uruguayo». Aguirre reflexionó que «una de las queridas madres fallecidas que no pudo ver esta sentencia es Luz Ibarburu, madre de Pablo Recagno e impulsora de esta denuncia en función de la falta de respuestas de la justicia uruguaya en aquellos años».

Una de las particularidades que le otorga especial relevancia a este caso se debe a la coordinación criminal de los Estados para reprimir a luchadores sociales. «Fueron los propios Estados que coordinaron sus crímenes a través de las dictaduras latinoamericanas».

A partir del fallo de la Corte Suprema de Italia quedaron firmes las sentencias de Jorge Tróccoli, Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez, Pedro Antonio Mato Narbondo, Ricardo Medina, Ernesto Rama, José Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada y Juan Carlos Blanco.

Fernanda Aguirre dijo al Portal del PIT-CNT que la sentencia implica «la satisfacción de que se haga justicia» aunque apuntó la necesidad de que se acelere el ritmo de los juicios, tanto a nivel nacional como internacional ya que al inicio fueron 24 los acusados de esta causa y finalmente fueron condenados tan solo 14 «porque muchos fueron muriendo «sin haber sido juzgados por estos crímenes» y lograron «eludir la justicia».

Aguirre saludó «la valentía y perseverancia» de los familiares que lograron este fallo histórico.

Asimismo, también reconoció el papel desempeñado por quienes la precedieron en el trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, «quienes fueron motor fundamental de las denuncias de esta causa». En este sentido, Fernanda Aguirre valoró muy especialmente lo actuado por Raúl Olivera y Sara Méndez ya que ambos además de su persistente rol en defensa de la causa de los DDHH, concurrieron a Roma para brindar su testimonio, «a contribuir como siempre lo han hecho para que se haga Justicia». La directora del Observatorio Luz Ibarburu también tuvo palabras de reconocimiento para María Bellizzi, «una de nuestras Madres que nunca paró de dar mensajes de aliento en la lucha contra la impunidad».

«Faltó la verdad»

Por su parte, Silvia Bellizzi -hija de María Bellizzi quien luchó y apoyó la causa desde sus inicios en 1998- dijo al Portal del PIT-CNT que «se logró un fallo histórico pero faltó la verdad ya que muchos de los genocidas callaron o mintieron». Bellizzi subrayó que el Plan Cóndor «fue un genocidio» y que el fallo de la Corte Suprema de Italia «demostró que con tesón, firmeza y esperanza, se puede». Asimismo, recordó que en estos más de 20 años «se han perdido madres, familiares, testigos y acusados».

En otro aspecto, remarcó que al ser delitos de lesa humanidad, no caducan y la sentencia abarca a todos, incluso a quienes ya no están. «Acá están siendo juzgados todos, por lo que se está haciendo justicia. Y este fallo es un precedente para que los jóvenes y las nuevas generaciones comprendan que los delitos de lesa humanidad no se pueden esconder ni barrer debajo de la alfombra. Y que para aquellos que tal vez en el futuro pretendan hacer algo similar, que sepan que donde sea que vayan, la justicia, más tarde o más temprano, los juzgará».

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