En respuesta directa al planteo del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, sobre «alternativas» a la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), distintas organizaciones sociales rechazaron de plano éste planteo y otros intentos de actores del gobierno para desestimular la IVE.
Mediante un comunicado firmado por la Asociación Civil El Paso, Aire.uy, Cladem Uruguay, Colectiva Mujeres, Cotidiano Mujer, Cooperativa Mujer Ahora, Iniciativas Sanitarias, IELSUR, Instituto Mujer y Sociedad, Mujer y Salud Uruguay, PLEMU y Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (RUCVDS), sostienen que tanto la iniciativa planteada por el dirigente nacionalista Carlos Iafigliola como el anuncio efectuado por el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, buscan “obstaculizar el derecho al aborto de mujeres, niñas y adolescentes”.
Las organizaciones sociales rechazan «que el Estado uruguayo permita la instalación de prácticas ilegales contrarias a las leyes vigentes que consagran el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo con los plazos y condiciones en ellas establecidas”.
En este marco, la responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, sostuvo que la postura del gobierno en relación a la IVE «es un atropello más contra los derechos de las mujeres y las adolescentes».
Según Milagro Pau, se trata una larga lucha que ha sido desarrollada no solamente por el movimiento sindical sino por el conjunto de las organizaciones sociales, para poder conquistar la Ley IVE, Nº 18.987 del año 2012. Desde la perspectiva de la Secretaría de Género del PIT-CNT, los embates oficiales son «ataques a los derechos humanos».
Cabe destacar que las organizaciones sociales que se pronunciaron mediante un comunicado, señalaron que la población ya se expresó «con una mayoría contundente, que reconoce y respeta el derecho que tiene toda mujer de decidir interrumpir un embarazo y de hacerlo en condiciones seguras e informadas”. Asimismo, indican que la ciudadanía “no se dejó engañar por los discursos hipócritas que querían imponer personalísimos puntos de vista, como si la ley se impusiera a quien no quiere hacer lo contrario. Ninguna mujer que -por la razón que sea- no desee interrumpir un embarazo está obligada a hacerlo por esta ley, pero aquella que resuelva interrumpirlo, más allá de su nivel socio económico, accede a un procedimiento seguro y no criminalizado. Asegurar el acceso al aborto seguro, legal y gratuito es una obligación del Estado uruguayo”. En este sentido, subrayan que esta iniciativa coincide con la ideología conservadora «y en muchos casos fundamentalista de integrantes de la coalición gobernante. Arremete contra nuestra democracia, contra la igualdad y no discriminación, tanto cuando quiere enseñarle normas de higiene a mujeres en contextos vulnerables como cuando intenta sumar al paternalista ‘plazo de reflexión’ el ilegal propósito de interferir en sus decisiones. La ley prohíbe esa interferencia”, recuerda el comunicado.
Al respecto, Pau dijo al Portal que la decisión de las mujeres de poder decidir sobre sus cuerpos «es un asunto de derechos humanos» y que los reiterados intentos de integrantes del gobierno por hacer retroceder la IVE «es un ataque directo a la pobreza y a las mujeres en condiciones más vulnerables». Pau recordó que antes de la existencia de esta ley, «las que morían eran las mujeres y adolescentes pobres» que no podían pagar una buena clínica con atención médica adecuada. «Por eso decimos que nuevamente este gobierno marca su postura de atacar los derechos de las personas en situación más vulnerable. No es un tema antojadizo, es de derechos, de igualdad y equidad. Más allá de todas las posturas que puedan existir. Acá se atacan los derechos de las mujeres y particularmente, las que se encuentran en situación más vulnerable», insistió.