La Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (UTMIDES) realizó un paro con movilización este mediodía para denunciar una nueva situación irregular de atrasos en los pagos de haberes que, en esta oportunidad, afecta a casi 80 personas.
Con el respaldo de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), hoy el sindicato realizó el paro de 12 a 13 horas que había convocado ante los adeudos salariales en el Ministerio de Desarrollo Social.
Desde COFE manifestaron que en esta oportunidad son 79 los trabajadores afectados por este hecho que perjudica su día a día ya que subsisten en base al salario de su trabajo. «El atraso en los pagos, principalmente a contratos por Artículo 92 (2+2) y unipersonales, ha sido sistemático desde el año 2020 hasta la fecha, y han sido cientos los trabajadores afectados», explicaron esta jornada. Asimismo, según los testimonios recabados, varias de estas personas no cobraron sus salarios por 6 meses corridos.
«UTMIDES ha asumido, en primer lugar la vía de la negociación: el tema del atraso en los pagos y la renovación de los contratos ha sido tratado en 18 reuniones bipartitas durante el 2020, 2021 y lo que va de 2022, incluidas dos instancias de negociación colectiva en DINATRA», contaron. «En el mes de enero tuvo lugar una reunión bipartita con UTMIDES en la que las autoridades afirmaron que los pagos se realizarían en fecha y en su totalidad. El hecho de que esto no haya sucedido, una vez más, demuestra que la Administración no jerarquizó el tema a pesar de todo lo sucedido en estos dos últimos años», agregaron.
Para COFE una mejor gestión «debe comenzar por la regularización de contratos que hoy en día son muy diversos ya que hay áreas sensibles con funcionarios/as que tienen contratos con fuentes de endeudamiento externo cómo son el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, ocasionando diferencias en las condiciones de trabajo, lesionando los derechos laborales, ya que son funcionarios públicos en relación de dependencia encubierta».
En ese sentido, desde la Confederación remarcaron el perjuicio que ocasiona para la gestión del Estado y la ejecución de las políticas públicas «los vínculos precarios y la política de ajuste que genera el desmantelamiento de los servicios del Estado».
