En el Palacio Legislativo, el miércoles 17, representantes de la sociedad civil, academia, Parlamento y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), dieron a conocer las bases del trabajo que lleva adelante a fin de contribuir en la elaboración de un tratado internacional, a partir del cual se regulará a las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Este material fue redactado por un grupo multidisciplinario y formará parte de la discusión internacional que se realizará en Ginebra, Suiza, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En la octava sesión de negociación del Grupo Internacional de Trabajo de Naciones Unidas se definirán las obligaciones para las empresas multinacionales. La discusión del tratado internacional comenzó en 2014 y durante este tiempo ya han participado unos 80 países y representantes de cientos de organizaciones sociales.
El encargado de abril la reunión del miércoles fue Juan Faroppa, presidente del INDDHH quien sostuvo que se están concretando avances a nivel internacional en el “ejercicio abusivo de poder de algunos actores”, aunque puntualizó que “siempre hay impulsos y resistencias”. Afirmó además, que el informe “es un trampolín» para seguir trabajando en los próximos meses.
Por su parte, el director del Instituto de Derecho Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Daoiz Uriarte, sostuvo que los intentos por transparentar la actuación de las empresas transnacionales han tenido “resultados muy escasos” y más adelante agregó que se debe reconocer “que en el mundo globalizado existe una situación de desigualdad”, lo que significa, “una afectación clara a los derechos humanos”.
En tanto la representante de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Viviana Rumbo, informó que desde la central sindical se percibe con “con bastante preocupación” los cambios en el mundo del trabajo impulsados por las compañías multinacionales. “Cada vez hay más pobres en el mundo y cada vez hay menos gente con más dinero. Esto tiene que ver con la acumulación de las transnacionales”, agregó.
Rumbo, quien recientemente participó en una instancia internacional en representación de la sociedad civil ante las Naciones Unidas, en la sede de Nueva York, denunció como parte de las inequidades, la acumulación que se obtiene de la negociación con países “que necesitan inversión extranjera para generar puestos de trabajo” y esto genera una mayor “flexibilización laboral”.
Según Rumbo, “nos es novedad que desde hace años las empresas multinacionales han tomado un rol importante en el mundo, acumulando mucho poder. Durante la pandemia, hemos visto como millones de personas han caído en la pobreza, por pérdida de fuente laboral, por partir de un empleo precario, por tener dificultades de tener una vida digna desde antes, pero al mismo tiempo vimos como en pocas manos se han multiplicado la riqueza. Las empresas multinacionales desde hace décadas vienen teniendo un poder tan importante que han negociado con nuestros países, quienes necesitan de inversión extranjera, para obtener el máximo de beneficios a costo de las necesidades de nuestro pueblo. Debido a ello a lo largo y el ancho del mundo se ha impulsado la flexibilización laboral, las privatizaciones, entre otros. Este poder ha llevado a definir prácticamente todo, desde cómo se debe extraer la materia prima, como se debe usar, como se debe de brindar un servicio, etcétera, por eso tienen tanto interés en tener incidencia en la política de regulación de los países. Por ejemplo, política de regulación ambiental, regulación laboral, entre otras».
En otro momento de su intervención, la representante de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PIT-CNT indicó que nadie debería poner en duda la crisis climática que está atravesando el planeta y en este sentido, remarcó que el cuidado del medio ambiente es urgente. «Ninguna decisión por el solo hecho de sacar mayor ganancia puede ir en contra de nuestra vida», apuntó.
Rumbo recordó que Uruguay ha atravesado varios juicios internacionales, «por decisiones de poner -por ejemplo- en primer lugar la salud de nuestro pueblo». Así las cosas, remarcó que desde su perspectiva, «tiene que haber una reglamentación internacional que deje en claro que absolutamente nada puede ir en contra del cuidado de los derechos humanos y los derechos ambientales de nuestro pueblo», en clara alusión a la controversia que el Uruguay debió enfrentar con la tabacalera Philip Morris.
«Nosotros estamos dentro del continente más desigual, y en él se están dando muchos procesos de concentración de este tipo, llevando a que cada día haya más pobres, mientras unos pocos son cada día más ricos. Cabe resaltar quela pobreza tiene cara de niño, niña y mujer, nuevamente los y las más vulnerables a las peores condiciones de vida», alertó. «Por todo ello, es importante que los países tengan un acuerdo internacional que ponga límites en base de los derechos humanos», enfatizó.
Según la representante del movimiento sindical, el grupo de trabajo que se reunió esta semana forma parte de un colectivo mayor «que en varias partes del mundo viene discutiendo lo mismo, por lo cual acumula mucha experiencia sobre la vivencia durante décadas debido a varias denuncias por el no cuidado del medio ambiente, la falta de regulación laboral, la vulneración a los pueblos originarios, entre otras».
Por último, Rumbo señaló que el acuerdo internacional que se elabore tiene que incluir «la obligación del Estado de imponer obligaciones a las empresas trasnacionales para garantizar los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente», como así también «la responsabilidad jurídica que las empresas trasnacionales tienen a lo largo de las cadenas de valor», «sanciones claras y responsabilidad administrativa, civil y penal para las empresas trasnacionales»; «es necesario tener un instrumento internacional jurídicamente vinculante que reafirme la superioridad de las normas de derechos humanos por sobre los tratados de comercio e inversiones» y «una perspectiva de género e inclusiva».
Rumbo concluyó su intervención remarcando que «los derechos humanos y ambientales no se pueden negociar”.