Pérez Manrique consideró fundamental «que no prosperen discursos violentos»

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, dijo en las últimas horas que es fundamental que no prosperen los discursos violentos, y acotó que si prosperan, “deberían ser aislados por el resto de la sociedad”. Asimismo, sostuvo que existe un claro riesgo sobre la “judicialización de la política” algo que desde su punto de vista es negativo. “Hay que entender que los jueces no ejercemos funciones de gobierno”, aclaró.

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay y actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue entrevistado por la agencia argentina de noticias Télam, en su paso por Mar del Plata, donde recibió el título Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El jurista uruguayo,  sostuvo que en la región existe un riesgo de que el debate quede anulado. “Si miramos la región, estamos complicados. Hay una tendencia a la disconformidad permanente. Esto tiene que ver con los nuevos modos que tenemos de comunicarnos entre nosotros, que yo creo que pueden llevar a cierta anulación del debate, porque cada uno pone su opinión en redes sociales pensando que es el dueño de la verdad, y ahí genera bloques, divisiones. Hay un problema para las democracias que es la crisis del concepto de representación tal como estaba concebido clásicamente. Hay un divorcio entre las instituciones democráticas y lo que la gente aspira a que sea un verdadero funcionamiento democrático. Uno de los grandes desafíos del sistema es ver de qué manera se articula esta participación, porque la crisis de representación ha barrido con los partidos políticos tradicionales”.

Al respecto, señaló que le preocupa el regreso de la violencia a la discusión política, “porque es justamente el problema de la pérdida de referencias auténticamente democráticas. Ahí se vuelve fundamental que no prosperen los discursos violentos, y si prosperan, deberían ser aislados por el resto de la sociedad. Y no estoy hablando de represión, sino de que deberían ser encapsulados, para que no sigan creciendo. Creo que estamos viviendo un momento de transición, con factores como los nuevos sistemas de comunicación o escalas de producción que a veces no se entiende cómo funcionan”.

En otro punto, sostuvo que “el tema de los discursos de odio debe ser analizado de una manera muy concreta, porque la propia Convención Americana de Derechos Humanos dice que hay discursos que no son protegidos por los derechos humanos. Y esos son, esencialmente, aquellos discursos violentos o que convocan a la violencia. El artículo 13 dice que cuando un discurso es violento e incita a la violencia se considera un discurso de odio y no protegido. El riesgo que corremos es que, si esto no se precisa bien, cualquier cosa puede considerarse un discurso de odio, y eso puede significar una fuerte limitación a la libertad de expresión. Hay que delimitar de qué hablamos y hasta dónde llega la represión. Porque hay muchos gobiernos autoritarios que están apelando a esa cuestión para callar voces disidentes”.

Consultado sobre la «judicialización de la política y politización de la justicia», el jurista uruguayo señaló que se debe fortalecer la idea de la democracia “como un sistema en el cual las diferencias se resuelven de manera pacífica. La política, que es el ámbito del debate público, debería ser el ámbito en el cual se produjera el debate y finalmente se resolvieran las cuestiones de determinada manera. Si se convierte en un centro de enfrentamiento que no es capaz de solucionar sus propios problemas, se termina judicializando todo. Y se pone en manos de los jueces causas que tienen en sí un altísimo voltaje político. Y esto hace que se dificulte su tarea, que debería centrarse en la aplicación del derecho. Y a veces vienen las tensiones, las presiones. Esos es lo que veo como negativo: derivar todo lo que es político a la Justicia. Ahora, si en el ejercicio de la función pública se cometen delitos, indudablemente hay que hacerlo. Pero entender que los jueces no ejercemos funciones de gobierno”.

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