En conocimiento de una versión transcendida informalmente sobre el nuevo plan educativo por la ANEP, el Secretariado Ejecutivo de SINTEP entiende del caso dar a conocer las consideraciones siguientes:
1. Los cambios en la estructura organizativa de los planes educativos deberían ser analizados primeramente y antes que difundidos en los medios de prensa, en los organismos técnicos previstos en la normativa vigente (ATD) y en los ámbitos instituidos por la ley de negociación colectiva, en tanto generan impactos previsibles en las condiciones de trabajo y en los derechos laborales, en una realidad donde hay más de 60.000 profesionales de la educación.
Esta actitud improcedente del CODICEN reitera una práctica de desconocimiento a la comunidad educativa como sujetos de derechos y afecta negativamente el reconocimiento a la profesionalidad de las y los docentes de todo el país.
El apartamiento que vienen haciendo las autoridades de la educación de los espacios legalmente establecidos para canalizar adecuadamente estos asuntos, no hace más que aumentar la inestabilidad y el malestar frente a un proceso pautado por la precipitación, la improvisación y el verticalismo metodológico.
2. Según las versiones de prensa los cambios definidos por el gobierno para el nuevo plan educativo, suponen -entre otras desprolijidades- una superposición de estructura curricular (nueva estructura de grados) y estructura institucional (direcciones de los subsistemas). De esta manera se produce un evidente desorden organizacional con efectos prácticos impredecibles.
En tal sentido no deja de ser llamativa la desconexión entre el diseño institucional impulsado por el gobierno en la LUC con esta nueva institucionalidad que se impondría por la vía de los hechos. Otro claro indicio de impremeditación y falta de previsión.
3. La falta de planificación y de atención a los tiempos necesarios para implementar los cambios proyectados generan un elevado grado de imprevisibilidad y un alto componente de improvisación en un área técnicamente muy sensible y relevante para el proceso educativo.
Al día de hoy no se conoce ningún documento oficial sobre los cambios en los programas de estudio ni en el reglamento de evaluación y pasaje de grado. Según versiones de prensa recién en noviembre de este año se estarían conociendo los nuevos planes de estudio: sólo tres meses antes de su implementación.
4. Llama poderosamente la atención el notable desfasaje existente entre la promoción política y propagandística que las autoridades de gobierno vienen realizando de la reforma educativa y el nivel de imprevisibilidad técnica de la misma.
A todas luces lo más serio y responsable al día de hoy es deponer el verticalismo del proceso de reforma en curso, promover la participación genuina de sindicatos y comunidades educativas, priorizar la voz de las ATD en la elaboración programática e iniciar el proceso de convocatoria a un nuevo Congreso Nacional de Educación tal como establece la ley 18437.
Imponer una reforma educativa a cualquier costo no es el camino a seguir si se pretende que los cambios sean de larga duración.