Columna opinión Ec. Pablo Da Rocha | Asesor del Instituto Cuesta Duarte.
Así como se lee, no hay absolutamente ningún recurso en esta Rendición de Cuentas destinado a favorecer a la Universidad. Solo para brindar un dato al respecto: cuando las estimaciones del gobierno de crecimiento de la economía para el período 2020-2024 -por cierto, incluyendo la caída registrada en el año 2020 por la pandemia- es del orden de 9% acumulado; la Universidad registrará una caída de 7,6%.
Indudablemente no parece justo. Es más, sorprende que la Universidad que tanto contribuyó al combate a la pandemia -que recibió elogios a nivel nacional y reconocimientos a escala mundial- hoy se vea envuelto en reclamos desde todos los órdenes (estudiantes-docentes-funcionarios) por no recibir ningún incremento. Pero para ilustrar aún más, el vergonzoso «gesto» del gobierno, es necesario dar algunos datos para conocimiento público, para poder comprender (y hacer entender a los desentendidos) porque “No nos da lo mismo” que no se le brinden los recursos que necesita nuestra principal casa de estudios.
La Universidad de la República explica más del 85% de la formación terciaria de nuestro país, y desarrolla más del 80% de la investigación -esa misma que aportó durante la pandemia, aporta y seguirá aportando para el futuro-. En efecto, para que se tenga una dimensión del impacto, entre más de 550 proyectos de investigación seleccionados por su alta calidad, solo pudieron ser financiados cerca de 350, es decir, que casi el 40% no pudo llevarse a cabo por falta de recursos.
Por otro lado, en el marco de una matrícula en constante crecimiento (en el año 2021, la UdelaR recibió más de 22 mil estudiantes más que el año anterior) el plantel de docentes se mantiene constante por falta de presupuesto; y con ello la dedicación docente se enfrenta a mayores exigencias, que lamentablemente atentan con la calidad pedagógica, pues el fuerte incremento de la matrícula, frente a un cuerpo docente que no crece, provoca que la relación de horas docente por estudiante siga cayendo por cuarto año consecutivo (pasando de 1,77 a 1,54).
Asimismo, una histórica y necesaria demanda como la descentralización de la oferta educativa -que durante los años anteriores empezó a dar frutos- con la implementación de centros en el interior del país, como los centros universitarios regionales (CENUR) en el litoral Norte, Noreste y Este, se ven fuertemente afectados en el desarrollo de nuevas infraestructuras para continuar con el proceso de ampliar aularios, laboratorios o mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos.
Por otro lado, la UdelaR se ha caracterizado a lo largo de su historia de querer y poder ampliar las oportunidades de acceso a educación terciaria de calidad y pública; donde poder estudiar no sea un privilegio de pocos, o este condicionado a la capacidad contributiva de las personas. En ese sentido, se desarrollaron e implementaron sistemas de becas para quienes más necesitan para poder estudiar, incluso para financiar posgrados, pues las becas permiten que nuestros investigadores se desarrollen y sobre todo puedan permanecer en nuestro país. Todos estos programas se quedaron sin financiamiento posible afectando casi 50% de las mismas.
Es más que elocuente el aporte de nuestros profesionales universitarios a la sociedad. No es razonable, que dada la importancia que tiene la educación, y sobre todo la que genera nuevo conocimiento, que se desestime o lo que resulta aún más doloroso, se desconozca. La educación tiene el enorme potencial de generar mejores condiciones para el desarrollo nacional, para la sofisticación tecnológica y para brindar más valor agregado, en ese sentido, no parece lógico que no se destinen ni siquiera recursos para su mantenimiento o actualización.
A la Universidad se le asignan 0% de incremento presupuestal, a esto se le agrega la quita del adicional al Fondo de Solidaridad que se invierte prácticamente en su totalidad a infraestructura. Sumado a ello, hay que recordar que los docentes y funcionarios experimentaron una rebaja salarial -pérdida de su capacidad de compra- cercana al 8% durante el año 2021, la que se espera -con viento a favor- que se retomen los mismos niveles que pre-pandemia recién en el año 2025. Es decir, lo perdido no se recupera, pero aunque la economía registre crecimiento durante este período de gobierno, los salarios no lo harán.
La pérdida salarial que trae aparejado este presupuesto hunde aún más a los salarios docentes -nos referimos, por cierto, a los niveles salariales más bajos de la región teniendo en cuenta que son niveles terciarios-. Si a ello le agregamos que en el orden de 65% de nuestros docentes universitarios son grado 1 y grado 2, es decir, personas con gran formación que eventualmente el país puede perder si no se tiene en cuenta que son ellos en buena medida que sostiene la docencia y la investigación llevada a cabo en nuestro país. El riesgo de fuga de cerebros vuelve a acechar.
Esta semana la Universidad decretó un paro de 24 horas, en oportunidad de su comparecencia al MTSS en el marco de la instalación de una mesa de negociación, a los efectos de poder lograr una recuperación salarial. Léase con atención, esta Universidad que tanto ha contribuido a la mejora de la calidad de vida, desde las distintas esferas en las que se desempeña, experimentó como anteriormente señalamos una caída en el poder de compra de los salarios del orden de 8%, y se halla reclamando, recuperar los niveles previos a la pandemia.
Dicho de otro modo, de tener éxito, recuperará al cabo del quinquenio, es decir, al final de esta Administración, el salario real vigente en el año 2020. Todo hace suponer que enfrentará enormes dificultades para lograr los mismos niveles, la propuesta del Poder Ejecutivo -luego de intensas y largas negociaciones- apenas se aproxima al 6%.
Cabe recordar que de acuerdo a la Ley de Presupuesto aprobada por las mayorías que cuenta el gobierno de coalición, «decreto» un cambio en la metodología de las mediciones de la pérdida real, optando en lugar del tradicional IPC (instrumento idóneo para hacerlo), el Índice Medio de Salarios Reales del Gobierno Central (un promedio ponderado de los niveles salariales de la Administración Central). En consonancia con esta nueva forma de medir, el gobierno fijó una pérdida de 2,9%, por lo que el esfuerzo alcanzado hasta ahora por la delegación de la Udelar es más que destacable.
Asimismo, se insiste no solo en continuar mejorando los niveles salariales, sino que se enfoca en el reclamo de priorizar los niveles salariales más bajos (los grados 1 y grados 2) permitiendo de este modo, destinar recursos para la corrección de inequidades. Resulta lastimoso, que un reclamo -a esta altura popular- de apoyar a la Universidad, encuentre oídos sordos en el gobierno y particularmente en el oficialismo parlamentario -cuna de varios de sus legisladores-. Las demandas de nuestra Universidad buscan continuar el camino de la formación de profesionales en todo el país, y en todas las áreas que se requiere: suma a la descentralización, suma a la formación permanente, suma a brindar sostén a los estudiantes con escasos recursos con becas y asistencia financiera para la tan necesaria investigación.
Lo que resulta más irónico, que estos reclamos de recuperación salarial y recursos para atender la formación universitaria a la escala que nuestro país necesita, se hace en el marco de una economía que está creciendo a muy buen ritmo. De hecho, las correcciones del PIB han sido al alza, tanto para analistas nacionales como para organismos internacionales. No se entiende.
En efecto, el pasado 16 de setiembre el Banco Central del Uruguay (BCU) dio a conocer las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes al segundo trimestre del año 2022. De acuerdo a la información divulgada, se registró un incremento de 7,7%, en relación al mismo período del año anterior.
Es bueno saber que este dato -la estimación del PIB- es muy relevante para la política económica, pues brinda información acerca del desempeño de la economía nacional pero a su vez constituye un insumo relevante para la proyección de la evolución económica en el futuro; de hecho, suelen ser el dato más esperado por los analistas para poder realizar estimaciones acerca de la evolución de otras variables.
En ese sentido, es razonable pensar, que si la economía “crece” -medido a través del PIB- que también lo hagan otras variables por hallarse (co)relacionadas, es dable creer que si crecen los ingresos pueda crecer el consumo y con éste, la recaudación. Es dable pensar bajo este contexto que, si crece la recaudación, un Estado pueda contar con mayores recursos para llevar a cabo sus políticas públicas. Al menos, es lo que la teoría parece indicar, pero que la realidad en alguna parte parece truncarse. En todo caso, ¿será la realidad?
Lo cierto es que la economía nacional retoma nuevamente la senda de crecimiento fundamentalmente debido a los “elevados rendimientos alcanzados en la cosecha de soja” y, por supuesto, “a la normalización de las condiciones sanitarias en el país”. Asimismo, los datos publicados dan cuenta de un crecimiento en todos los sectores de actividad. No obstante ello, vale la pena mencionar algunas cuestiones, por ejemplo, vemos que la demanda externa -las exportaciones- experimentaron un gran crecimiento, al punto de poder constituirse en un registro histórico; sin embargo, el gasto del gobierno se desacelera y el consumo de los hogares -principal componente de la demanda agregada- sigue por debajo de la pre pandemia en cualquiera de las comparaciones temporales.
El dato de todos modos más ilustrativo, es que si tomamos en cuenta cuál ha sido el desempeño de la economía, vemos que el PIB ya se ubica por encima de los niveles pre-pandemia; de modo, que cabe preguntarse cómo se ha “derramado”, es decir, si el crecimiento de la economía ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de la población.
Parece desconocerse que la falta de «inversión» en políticas públicas, principalmente en la educación hoy, tiene un elevado costo en el futuro; de otro modo, estaremos más que hipotecando el futuro de nuestros jóvenes, las posibilidades de dar el salto en calidad y evitando que nuestro país incorpore niveles mayores de innovación y tecnología que nos permita también mejorar y sostener los niveles de crecimiento; pero sobre todo ampliar el bienestar de nuestra gente.