Como consecuencia del femicidio de Natalia Lagos y a pocos meses de cumplirse seis años de la aprobación por unanimidad en el Parlamento de la Ley Integral contra la Violencia de Género, La IF cuestionó la falta de recursos para atender a las víctimas y sostiene que precisamente, en todas las áreas involucradas en la protección de la vida de las mujeres hay menor presencia de servicios y menor calidad de los mismos.
El texto denuncia que «las mujeres estamos solas ante la violencia que sufrimos» y remarca que «si no se destinan recursos necesarios para evitar el sufrimiento en vida y el asesinato, seguiremos contando asesinadas sin que haya ninguna alarma pública».
Texto íntegro de la Intersocial Feminista
En 4 meses la Ley Integral contra la Violencia de Género sancionada por unanimidad del parlamento en el período anterior cumplirá 6 años.
Son 6 años en los que han sido asesinadas 184 mujeres. De estas muertes violentas la tercera parte se produjeron en Montevideo (32%) y las ⅔ en el resto del país donde los servicios y la atención a víctimas de violencia de género es más que precaria. No hay estudios que puedan ilustrarnos con claridad la tarea que cumplen los servicios especializados a la hora de prevenir los femicidios, pero los datos más preocupantes se dan donde hay menor presencia de servicios y menor calidad de los mismos en todas las áreas involucradas en la protección de la vida de las mujeres.
En todos estos años no se ha conseguido que en los presupuestos nacionales se le adjudique el presupuesto necesario para aplicar la Ley, la insistencia del movimiento feminista en adjudicar recursos tiene directa relación con las muertes que no se evitan.
Si no se hace nada o se hace casi nada para evitarlas, no se evitarán. Y esta es la situación en la que estamos.
En el período anterior de gobierno para aplicar la ley se le otorgó $80.000.000 en la Rendición de Cuentas de 2018 y en el actual período de gobierno fueron unos $56.000.000 para 3 juzgados de violencia en el interior del país en donde existen 18 departamentos. A la fecha solo un juzgado de violencia está en funcionamiento.
Como la ley no tiene recursos, los instrumentos que la ley crea para que se actúe oportunamente para evitar el peor final, no funcionan. Si no hay equipos técnicos de evaluación de riesgo presentes en el momento de la denuncia, ¿cómo se van a tomar las medidas adecuadas para la protección? si esto se hace a ojo del juez/a, a “intuición”,
¿cómo no van a equivocarse? ¿cómo van a actuar los operadores jurídicos dando las garantías si no tienen formación en la materia? ¿cómo va a actuar oportunamente la Fiscalía si la enorme mayoría de los casos en violencia doméstica los archivan, se desestiman? ¿Cómo va a actuar la Fiscalía si las Fiscalías especializadas tienen turno libre 4 meses después de la denuncia? Y eso que solo actúan ante femicidios y tentativas alevosas.
Pero ni siquiera en los casos donde hay indicadores a la vista tan claros como en la situación de violencia que sufría Natalia Lagos, donde no solo había denuncia previa, el agresor era ex policía, tenía antecedentes en violencia doméstica, había incumplido la medida de no acercamiento y hasta había tenido que portar tobillera eléctrica. Pero Natalia volvió a denunciar durante la feria judicial y la jueza de turno no tiene formación en género, no citó a audiencia inmediatamente y la evaluación de riesgo pasó a formar parte de la larga lista de pendientes de evaluación. Con esa desidia es que no se otorga custodia ni se ordena tobillera.
No es la única mujer en esta situación a la que se le ha negado custodia en los últimos meses. Se conocen menos porque la presión social ante otros delitos es mayor que ante los femicidios, lo que hace que la utilización de recursos policiales para violencia doméstica sea de lo más resistido por las autoridades por la alteración que genera en cantidad de funcionarios disponibles para otras áreas.
En Canelones durante el 2022 fueron asesinadas 6 mujeres, hay solo 5 servicios especializados en todo el departamento dependientes de INMUJERES, servicios que funcionan part time y solo en oficina. No hay abogadas que acompañen a las víctimas a las audiencias.
Esta es la realidad de todo el país menos de Montevideo que cuenta con una red de servicios dependientes de la Intendencia capitalina. Servicios con atención solo para casos de parejas o ex parejas actuales con poquísimos recursos con los que coordinar atención de diferente tipo, desde horarios para atención psicológica y psiquiátrica, hasta abogadas defensoras de oficio y equipos periciales del Poder Judicial.
Por otra parte, en estos días han aparecido dos notas de prensa sobre la desaparición de jóvenes en Uruguay donde dan cuenta de la falta de interés del Estado en la búsqueda de estas mujeres. Sus madres y una colectiva feminista son quienes no dejan que se olviden. El Uruguay ejemplar esconde bajo su alfombra redes de trata y explotación sexual que deja circular, torturar y desaparecer a nuestras jóvenes y adolescentes.
Las mujeres estamos solas ante la violencia que sufrimos. Si no se destinan recursos necesarios para evitar el sufrimiento en vida y el asesinato, seguiremos contando asesinadas sin que haya ninguna alarma pública.
Resulta inadmisible que frente al mayor problema de seguridad que sufrimos las mujeres, o sea -el 52% de la población- la respuesta del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, las Intendencias y Municipios, el Parlamento y la Suprema Corte de Justicia, sea desconocer la necesidad e impacto que tienen las herramientas legales e institucionales que la Ley 19.580 consagra en su articulado, pero no en presupuesto ni en implementación.
INTERSOCIAL FEMNISTA