Ante el comunicado a la opinión pública del Ministerio de Desarrollo Social, las trabajadoras y trabajadores realizamos las siguientes aclaraciones:
- El Ministerio afirma que las trabajadoras eligieron libremente entre pasar a ser funcionarias presupuestadas o continuar con su actual vínculo. Todo lo contrario; las condiciones en las que las personas firmaron distaron mucho de ser las óptimas, se las forzó, y sigue forzando, a decidir su futuro laboral en plazos de horas y sin información. Además, la Administración no aseguró la continuidad laboral de quienes mantengan el contrato actual, y la mayoría de estos contratos vencen en los próximos 60 días. Vivimos de nuestro trabajo, y en ese marco nos preguntamos ¿qué clase de libertad es la que tiene una trabajadora si debe elegir entre su fuente laboral y una rebaja salarial?
- El Ministerio afirma que es ilegal que las funcionarias presupuestadas tengan una carga horaria diferente a la de 40 horas. Nos preguntamos entonces, ¿cómo es posible que en el propio MIDES haya trabajadoras presupuestadas con cargas horarias de 30 y 35 horas semanales? Invitamos a las/los lectoras/es a revisar el Decreto 373/2016, que establece la excepción al régimen horario general para este mismo Ministerio, considerando que necesita diferentes cargas horarias para ejecutar de forma eficiente y adecuada sus programas y servicios. Asimismo, existiendo varios incisos con acuerdos horarios vigentes, ¿cómo se podría sostener que Mides es el único Ministerio que no puede celebrar un acuerdo horario?
- El Ministerio plantea un formalismo como una realidad indiscutible. Afirma que no tiene obligación de mantener el salario, dado que se trata de un “nuevo vínculo”, y por tanto sería legal que el salario sea menor. Olvida el principio de supremacía de la realidad, que debe regirnos tanto en el plano jurídico como en el del sentido común: ¿cómo puede decir el Ministro que se trata de “nuevos vínculos”? No son nuevos vínculos: son las mismas trabajadoras que sostienen desde hace largos años, y en general en pésimas condiciones, los programas de este Ministerio.
- El Ministerio afirma que estas trabajadoras “tendrán beneficios que antes no gozaban”. Sr. Ministro; esos que llama “beneficios” son derechos adquiridos con años de lucha.
Que la interpretación jurídica del Ministerio sea contraria a los derechos de las/los trabajadores no nos sorprende. Recuerden que esta es la misma Administración que en 2020 entendió que era perfectamente legal no pagar el salario a 200 trabajadoras hasta por seis meses. El Ministro disfraza su voluntad con argumentos legales. Solucionar la rebaja salarial no solo es legal; es necesario y justo. Y ni siquiera requiere dinero, solo negociar genuinamente. Esperamos que el Poder Ejecutivo, en su conjunto, se haga cargo de la difícil situación en la que está dejando a las trabajadoras de este Ministerio; aún están a tiempo. Recuerden que es nuestro trabajo el que sostiene sus políticas.