El pasado 12 de marzo, en Argentina, en un operativo conjunto, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, dependientes de la Ministra Patricia Bullrich, y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentaron impedir la multitudinaria marcha de los jubilados/as. En esta oportunidad, habían recibido el acompañamiento de las hinchadas de fútbol, las centrales sindicales y organizaciones políticas, sociales y personas autoconvocadas, en solidaridad con las sucesivas compulsas y represiones que vienen sufriendo cada miércoles las personas adultas mayores en su reclamo por aumento de sus jubilaciones, pensiones y contra la reforma del sistema previsional.
Las fuerzas de seguridad reprimieron con balas de goma, gases y carros hidrantes. En una actitud hostil y desbocada, ocuparon todas las calles aledañas al Congreso Nacional, amparados en la política gubernamental represiva.
La gestión de Javier Milei estableció el Protocolo 943/2023, según el cual cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. Este protocolo fija pautas de actuación policial y estatal contrarias al derecho a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y de protesta social, reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Su adopción ha sido denunciada por la CGT, la CTA A y la CTA T ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de organizaciones de la sociedad civil.
En un escenario de represión indiscriminada que se inició antes de la propia convocatoria y perduró durante tres horas, golpearon a adultos mayores y manifestantes. El fotógrafo Pablo Grillo fue herido en el cráneo y hasta el momento lucha por su vida. Hubo más de cien detenidos , incluidos niños; la mayoría de estas detenciones fueron arbitrarias, por lo que la jueza a cargo solicitó varias horas después la liberación de los mismos.
El gobierno argentino ha sometido a toda la población a políticas de austeridad y ajuste de una magnitud sin precedentes. Esto fue reafirmado por el propio presidente en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional el pasado 1° de marzo, cuando anunció un nuevo acuerdo con el FMI. Gran parte de este ajuste ha recaído sobre los adultos mayores. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) , el 19,2% del ajuste se debe a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.
El futuro es aún más desalentador para las mujeres, ya que en marzo vence la moratoria previsional , lo que significa que 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse en el futuro próximo, considerando que más del 40% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad.
Ante este contexto, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) reitera su preocupación por las flagrantes violaciones del Estado Argentino a su propia Constitución y a los convenios internacionales suscritos a lo largo de su historia.
Se alerta a la comunidad internacional sobre el riesgo que corre la democracia y los derechos individuales y colectivos en Argentina, y se expresa solidaridad con el pueblo argentino que sufre las políticas del gobierno de Javier Milei
Fuente: https://www.pitcnt.uy