Sistema perverso
Tras la muerte de cuatro personas privadas de libertad a causa de un incendio intencional en el ex COMCAR, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) denunció una “emergencia carcelaria” y exigió al Estado asumir su responsabilidad en la protección de la vida y la dignidad dentro de las cárceles. El sindicato reclamó una reforma estructural del sistema penitenciario, condiciones laborales dignas para los funcionarios civiles y una política de Estado que trascienda los partidos. Su presidente, Jonathan Perdomo, advirtió que las muertes no son hechos aislados, sino parte de un sistema “perverso” que “sigue quitando vidas”, y reclamó igualdad de condiciones con el personal policial.
La OFUCIPE emitió un comunicado ante los recientes acontecimientos ocurridos en la Unidad Nº 4 (ex COMCAR), específicamente en el Módulo 11, sector 12, celda 1, donde fallecieron cuatro personas privadas de libertad.
Con profunda preocupación, el sindicato sostuvo que “las cárceles del sistema penitenciario uruguayo continúan siendo lugares de tortura”. Según expresa el comunicado, este hecho confirma una denuncia sostenida de forma sistemática por la organización. “El hacinamiento carcelario supera ampliamente todos los estándares establecidos por los organismos internacionales de derechos humanos. Las condiciones de reclusión son inhumanas y degradantes, y estas muertes son una expresión brutal de una realidad que habla a gritos”.
OFUCIPE remarcó que no se trata de un hecho aislado. “En diciembre del año pasado, en la misma unidad, se registraron otros episodios trágicos, donde fallecieron seis personas privadas de libertad”. Frente a esta situación, el gremio se pregunta“cuántas muertes más necesita el Estado para asumir su responsabilidad y garantizar condiciones mínimas de dignidad y seguridad en los centros de reclusión”.
En el comunicado también se señala que todo esto ocurre bajo la custodia del Estado, el cual tiene la obligación legal, ética y política de resguardar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. Asimismo, advierten que los funcionarios civiles penitenciarios trabajan en las mismas condiciones; es decir, “expuestos a la violencia estructural de un sistema colapsado, sin garantías ni respaldo suficiente”.
La organización sindical expresó su respeto y condolencias a las familias de las personas fallecidas y realizó un llamado urgente a la sociedad y a las autoridades a “mirar de frente esta emergencia carcelaria”.
“Desde nuestra organización seguiremos denunciando y exigiendo un cambio estructural en el sistema penitenciario. No puede haber seguridad pública sin justicia social, sin respeto a los derechos humanos y sin condiciones dignas, tanto para quienes cumplen condena como para quienes sostienen día a día este sistema desde su trabajo”, señala el comunicado.
“Sistema perverso”
Por su parte, Jonathan Perdomo, presidente de OFUCIPE, expresó al Portal del PIT-CNT que, más allá de tratarse de una tragedia, claramente no es un hecho aislado. “Esto viene ocurriendo desde hace, al menos, un año y medio. La semana pasada falleció otra persona privada de libertad en Maldonado; hace un par de meses despedimos a una compañera que sufrió un ACV mientras trabajaba en la Unidad Nº 5; en diciembre de 2024, cuatro personas murieron incineradas en COMCAR, y unos meses antes una policía se quitó la vida en el penal”, relató.
Perdomo agregó que “este sistema perverso sigue, más que nada, quitando vidas, y no hay soluciones. Todos los partidos políticos gobernaron, por lo tanto, es necesario que todas las fuerzas políticas se reúnan y aborden esta gran problemática que atraviesa a todo el país”.
OFUCIPE nuclea a los funcionarios civiles del sistema penitenciario pertenecientes a los escalafones A, B, C y S. Estos trabajadores desempeñan funciones que van desde el acompañamiento de personas privadas de libertad hasta el control de los módulos. Los escalafones A y B comprenden a los técnicos, como psicólogos y asistentes sociales; el escalafón C, a los administrativos; y el S, a los operadores penitenciarios, quienes tienen a su cargo tareas de reinserción como acompañar a las personas privadas de libertad a estudiar o trabajar, y ayudarlas a recuperar hábitos esenciales como el de levantarse cada día.
En el módulo de seguridad donde ocurrieron las muertes recientes, se encuentran recluidas unas 900 personas. Según se determinó en un recurso de habeas corpus, hay internos que no salen al patio desde hace seis u ocho meses por falta de personal. En este sector no hay primarios y, en varios casos, se trata de personas que han cometido delitos graves, como violaciones, o que pidieron su traslado allí por razones de seguridad.
El dirigente sindical indicó que existe un hacinamiento importante, con celdas que alojan hasta diez personas. “La situación es compleja en toda la cárcel. Es una bomba de tiempo. Necesitamos una política de Estado. El poder político debe dejar de lado sus diferencias y, de una vez por todas, enfocarse en esta problemática, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados o peores”, advirtió.
También señaló que la violencia es cotidiana en el penal. “Estamos expuestos a la violencia y no solo psicológica, también física. Hemos tenido compañeros heridos, y otros fueron tomados de rehenes”.
Actualmente, de los 4.000 trabajadores civiles penitenciarios, 1.000 se encuentran con certificación médica, lo que representa un 25% del total. “Si bien existe una oficina de salud ocupacional, solo cuenta con dos psicólogas para todo el personal, lo que no alcanza para brindar una atención adecuada. Por eso, desde OFUCIPE también brindamos un servicio gratuito de psicólogos, como forma de reforzar esa área tan crítica”, explicó.
Perdomo destacó el trabajo conjunto con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. “Está solicitando exactamente lo mismo que nosotros, una política de Estado que trascienda los partidos políticos y una transformación del sistema penitenciario. Petit promueve la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y desde OFUCIPE planteamos la necesidad de crear un Ministerio de Justicia, con presupuesto propio, que nos otorgue mayor independencia”.
En ese sentido, el presidente del gremio remarcó las diferencias entre los funcionarios civiles penitenciarios y el escalafón L del Ministerio del Interior, correspondiente al personal policial. “Ellos tienen beneficios como transporte gratuito, seguro de vida y horas extras con el 222. En cambio, a nosotros las horas extras nos las devuelven con días libres, que muchas veces perdemos por falta de personal. Somos exclusivos, pero no cobramos por la exclusividad, y no podemos trabajar en el ámbito privado. Entonces, hay una gran desigualdad. Sentimos que dentro del Ministerio hay trabajadores de primera y de segunda clase”.
Pronunciamientos
A raíz de la muerte de los cuatro presos también se pronunciaron el Comisionado para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
Petit dijo que “es una nueva y tristísima señal de la situación en que se encuentra un sistema que tiene que ser cambiado en su conjunto”.
Agregó que no alcanza con una medida aquí o allá, o un conjunto de medidas. “Hay que cambiar el sistema. Hay que pensar otro sistema diferente”
“No tenemos que seguir esperando nuevas desgracias. El sistema penitenciario tiene que cambiar mucho. Tenemos un índice de prisionalización elevadísimo e infinanciable. Creo que es momento de reflexionar y de impulsar políticas”, dijo.
Petit agregó que el módulo donde ocurrieron las muertes se encuentra superpoblado y cuenta pocos funcionarios, por lo que“debe ser cambiado radicalmente,reestructurado, cerrado o transformado”.
En el mismo sentido se pronunció la INDDHH que a través de un comunicado señaló que se trata del tercer incendio con víctimas en el ex COMCAR yque “urge una transformación estructural”.
“Se trata del tercer incendio con víctimas fatales registrado en este centro penitenciario en un año y medio. En esta oportunidad, se suman tres funcionarios que resultaron afectados. Todo esto configura una tragedia continuada e inadmisible en un Estado de derecho”, expresa la institución en su comunicado.
Desde la INDDHH se ha sostenido de forma reiterada que el sistema penitenciario uruguayo requiere una “transformación estructural y urgente”.
“Las deficientes condiciones ya ampliamente señaladas son parte de una realidad que compromete gravemente los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. En este contexto, la INDDHH recuerda que, junto al comisionado penitenciario, promovió la creación de una “mesa interinstitucional que trabajó durante el primer semestre del año 2024, con participación de todos los poderes del Estado, sociedad civil, academia y organismos internacionales”.
Señala que el resultado de ese proceso fue un documento consensuado con recomendaciones y una agenda de cambios prioritarios en tres ejes centrales: “superpoblación y hacinamiento; intervención penitenciaria efectiva; y nueva institucionalidad para la gestión del sistema”.
Por ello, la INDDHH asegura que “urge actuar con decisión, responsabilidad y unidad política”, porque las vidas que se pierden “no pueden transformarse en daños colaterales de un sistema que sin dudas está colapsado”.
Fuente: https://www.pitcnt.uy