Las organizaciones, gremios y movimientos sociales abajo indicados, integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, hacen público su terminante rechazo al proyecto de Ley impulsado por Senadores de un sector parlamentario, que pretenden sustituir las penas de prisión efectiva, a las que han sido condenados varios criminales de Lesa Humanidad, por penas de prisión domiciliaria.
Tal sustitución, supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, para la generación de las imprescindibles garantías de no repetición de tales delitos.
Cabe agregar, que varios de estos criminales no solo no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados, sino que continúan negándose a revelar el paradero de las compañeras y compañeros, mantenidos hasta el día de hoy, en condición de desaparecidos.
Se debe recordar que, de acuerdo a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ratificada por Uruguay), el crimen de desaparición forzada, constituye un delito permanente y continuado (Artículo 8 Inciso B de la Convención), por lo cual sus perpetradores siguen delinquiendo y cometiendo este crimen, en el mismo momento en que se pretende trasladarlos a sus domicilios.
Por otra parte, las organizaciones ya mencionadas, también manifiestan su consternación y rechazo ante el reciente fallo judicial, por el cual se condena a seis manifestantes que pacíficamente protestaban por el traslado de la Jueza Mariana Motta, ante la Suprema Corte de Justicia.
Este lamentable fallo, materializa un acto de criminalización de la protesta pacífica, con lo cual se ataca y desvirtúa un derecho constitucional y humano esencial, como es el derecho de protesta de las y los ciudadanos, ante actos o hechos de naturaleza arbitraria por parte del Estado
Por último, las organizaciones expresan su indignación y repudio ante las sanciones practicadas en San José, contra docentes de Secundaria que efectuaban una actividad sindical. Estos actos de represión o intimidación, no hacen más que deteriorar la calidad de las libertades democráticas y, por tanto, ponen en serio peligro la convivencia, la tolerancia y en particular, el respeto a los Derechos Humanos de los habitantes, a que está obligado el Estado, en virtud de los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
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