La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) está aplicando medidas de lucha y alertó que el servicio se está quedando sin funcionarios. Desde la AFRU se denuncia el incumplimiento del pago de lo trabajado, particularmente en relación al denominado Compromiso de Gestión.
Las y los funcionarios registrales nucleados en COFE, resolvieron que mientras se apliquen las medidas de lucha, “solo se recibirán e ingresarán documentos, consultas, levantamiento de observaciones y certificados, trabajándose en forma normal los mismos”. No se entregarán documentos definitivos, no se realizarán cierres de documentos ni certificados, no se visualizará en forma remota, ni certificados, ni ampliaciones y tampoco se visualizará consultas por web en convenios.
Según denuncia la AFRU, “los pocos funcionarios que van quedando cumplen de manera sobre humana sus tareas esforzándose a más no poder para cumplir con metas de gestión que el gobierno no paga, cuando está firmado por contrato que lo tiene que pagar”.
Según explicó al Portal del PIT-CNT, el secretario de la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay, escribano Daniel Frattin, el Compromiso de Gestión se comenzó a firmar a partir del año 2010.
Frattin dijo que dicho Compromiso de Gestión que se firma entre la Dirección General de Registros y los gremios de dicha dirección, «se paga en forma cuatrimestral y está asociados al cumplimiento de distintas metas, a los registros y las distintas oficinas que alcanzan las metas cobran dicho compromiso. Para el pago del mismo, previamente, una Comisión de Seguimiento de Gestión de la DGR, debe comprobar su cumplimiento. Con posterioridad pasa al MEC para ser enviado a la OPP para que lo estudie una Comisión de Compromiso de Gestión Técnica, integrada por un miembro de la Oficina Nacional de Servicio Civil, otro de OPP y otro del Ministerio de Economía. Esa comisión emite un informe y luego de avalar o no el mismo, envía dicho informe a la comisión política de Compromiso de Gestión para su firma y posterior envío al MEC, para luego realizar el pago».
El secretario de la AFRU señaló en diálogo con el Portal sindical que «generalmente, la oficina técnica de OPP, siempre realizaba observaciones pero eran rápidamente solucionadas. A partir del año 2020, se nos dijo que se iba a cambiar la forma de controlar el Compromiso de Gestión y comenzaron a poner trabas, para firmar el compromiso para el año 2020, y el compromiso que se había firmado con anterioridad, es decir había sido firmado por el gobierno saliente, ellos entendieron que debían modificarlo y que firmaríamos uno nuevo. En marzo del año 2020 nos ocupo la pandemia, y se trabajo entonces con el que ya estaba, pero manifestando que para el año 2021, se cambiaría la redacción y formato del mismo. Así fue que llegamos al 2021, para el primer cuatrimestre es decir de enero a abril, como no estaba firmado el nuevo compromiso, se pagó con las pautas para el viejo del año 2020 y posteriormente el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira designó a una funcionaria para redactar y modificar el formato del compromiso, con algunas variaciones en las metas para hacerlo más equitativo. Pero la sorpresa fue que no solo hubo un cambio de formato, sino que para algunas oficinas, se le incluyeron metas que eran imposible de realizar porque dependían de oficinas ajenas a la DGR, lo cual hacía imposible su cumplimiento. Esto se dejó plasmado como denuncia al momento de la firma del compromiso, por lo cual es el MEC el responsable del incumplimiento del sector al cual se le fijaron metas que son de imposible realización».
Frattin agregó que desde el año 2014 «no existen llamados de ingreso de funcionarios» y que en el año 2010 la plantilla de funcionarios ascendía a 540 funcionarios. «Hoy solo somos apenas 250 para todos los registros del país que son 21 oficinas registrales en toda la nación», remarcó. Y la falta de personal es otro de los puntos centrales del reclamo del sindicato. «El MEC es responsable que, ni en la Ley de Presupuesto, ni en la Rendición de Cuentas, se votara ni un solo artículo para solucionar el tema de recursos humanos de las distintas oficinas del país. Somos un funcionariado envejecido,, que en el correr de los años nos hemos sacrificado para llegar a las metas, a pesar de que cada vez éramos menos. Los funcionarios para poder lograr las metas, llevan trabajo a sus hogares para posibilitar que se cobre dicho compromiso de gestión, es por tal motivo que no lo vamos a renunciar y si el gobierno quiere hacer recortes, que busque por otro lado. Tal es así que existen Registros como Salto, Paysandú, Rivera, Treinta y Tres, Canelones y otros tantos, que no tienen suficientes funcionarios para hacer frente a una tarea seria y responsable como es la función registral. Para ejemplo, pongo el Registro de Salto, que cuenta con tres funcionarios, dos escribanos y un administrativo. Un solo administrativo para hacer todas las tareas administrativas, atender público y mantener el registro funcionando. Además es interesante poner en conocimiento del público en general que durante la pandemia fuimos de los pocos servicios que no cerramos las puertas a los usuarios y la función registral se cumplió durante toda la misma. Por lo que parece injusto que hoy el gobierno no quiera pagar lo que nos corresponde», subrayó.
Claves
Frattin explicó que el conflicto está centrado en que «desde el 31 de agosto de este año los funcionarios registrales cumplimos con las metas, el MEC y OPP, están estudiando nuestro cumplimiento con las metas. Llevan dos meses y 25 días estudiando y jugando con nuestro dinero», apuntó.
«La encargada de estudiar el tema en OPP es la Comisión Técnica de Compromiso de Gestión, la cual planteo, que el Registro de Salto , con 3 funcionarios, y no se le aceptó la cláusula de salvaguarda, no cumplió con las metas totales y por eso informa que le corresponde abonar 50% del compromiso. Al área de Informática, que sostuvo que había incumplido dos metas, una de las cuales, la persona de confianza del señor ministro, la había vinculado a tareas que debían hacer oficinas externas del MEC y por lo tanto ellos no eran responsables del incumplimiento y en segundo lugar, por no haber puesto en funcionamiento las planchas de inscripción electrónicas. Pero dichas constancias de inscripción electrónicas, el área informática las había realizado pero fue una decisión de la Dirección General de Secretaria no implementarla aún, por lo tanto, no existía incumplimiento. Pero la Comisión entendió que se debía pagar el 50%».
Por último, el secretario del sindicato dijo que a partir que se declararon en conflicto, «se nos informó que se pagaría el 100% del compromiso, pero todo fue verbal y nada firmado. Este miércoles la Comisión de OPP resolvió que de acuerdo al informe de la Comisión técnica de CG , daba por cumplido las metas del compromiso para el cuatrimestre, pero nada dijo sobre qué porcentaje pagar. Ya había pasado en el año 2017 que con un informe similar: la Gerencia Financiera del MEC y la Auditoria delegada del TC en el MEC, no habían pagado a otros compañeros. Por tal motivo, hasta tanto no exista un compromiso por escrito de abonar el 100% del CG a todos los compañeros y no esté intervenido por el auditor delegado del TC en el MEC, mantendremos las medidas», sentenció.