El integrante del Instituto Cuesta Duarte (ICUDU) del PIT-CNT, economista Hugo Bail, se refirió a los prolongados silencios que mantuvo el gobierno en relación a la reforma de la seguridad social y dijo estar convencido que el Poder Ejecutivo está dilatando el tema hasta que pase el referéndum. Para el experto que representó al ICUDU y al ERT-BPS en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) creada por la Ley de Urgente Consideración (LUC), «no resiste más que los militares se jubilen con 136% de su salario» y «por ahora a nadie en el Poder Ejecutivo se le ocurre afectar las muy altas jubilaciones militares de mayores ingresos».
¿El gobierno está dilatando el proyecto de reforma de la seguridad social para después del 27 de marzo?
No hay duda. Acá había un proyecto con plazos bastante definidos y el gobierno tenía resuelto dar la discusión parlamentaria durante el segundo semestre del año 2021. Y eso no sucedió. Claramente la recolección de firmas y el referéndum incidió. Cuando hablamos de la reforma de la seguridad social nos referimos a temas que son muy delicados y además el gobierno, desde nuestro punto de vista, tomó una decisión equivocada cuando evitó hablar de otros temas de la seguridad social como la atención a la primera infancia, la discapacidad, el Sistema de Cuidados y una serie de temas relevantes. El gobierno sacó esos temas de la agenda y colocó la discusión básicamente sobre la sostenibilidad económico financiera del sistema de jubilaciones y pensiones. Pero además marcó que no se podía discutir los ingresos, el financiamiento, hablar sobre los sectores que están en condiciones de contribuir más o menos ante los desafíos que tenemos por delante. Hay distintos temas que están en el horizonte, que se van a presentar gradualmente en las próximas décadas, pero en esta discusión actual no entraron en juego, como no se discutió la posibilidad que algunos sectores que pueden hacerlo, contribuyan en mayor medida a ese financiamiento. Entonces, la discusión a la que se nos invitó a participar se limitó a cómo se baja el gasto, o sea, cómo se recortan beneficios, derechos y prestaciones. Así es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. La discusión se parece mucho a analizar cómo retrocede el Estado de bienestar que nosotros entendemos juega un papel clave en materia de desarrollo. No hay ninguna duda que esa discusión -que tiene componentes antipopulares- se restringe exclusivamente a ver dónde se recortan beneficios, derechos y prestaciones. Y como es una discusión muy antipática, muy antipopular, que le genera costos políticos al gobierno, entonces parece obvio que el Poder Ejecutivo decidió postergarla para después del referéndum. Y no se habló nunca más de la reforma de la seguridad social. Nunca más se escuchó hablar. El presidente fue contundente en la campaña electoral cuando dijo que no se le podían cambiar las reglas de juego a la gente que ya había ingresado a trabajar. Y que no se iba a subir la edad de retiro para todos aquellos que habían empezado a trabajar. Después que asumió su cargo, designó a Rodolfo Saldain para presidir una comisión de expertos que por mayoría terminó aprobando un documento que, entre muchas otras cosas, señala la necesidad «imperiosa e inevitable» de que se suba la edad de retiro para todos aquellos que al día de hoy tienen en el entorno de 50 años. El presidente tiene que decirle a la gente que se equivocó en la campaña y que va a ir en un sentido completamente inverso al que prometió. Esa es una posible salida. Lo otro que puede hacer es decir que el documento de la comisión es la visión técnica de unos expertos, pero que él de acuerdo a su compromiso de campaña no enviará esa propuesta al Parlamento. Lo que vemos es que se está esquivando el bulto y la incertidumbre le hace mucho mal a la población. Aparentemente, el gobierno en las sombras está redactando un proyecto de ley a partir del documento de recomendaciones de la comisión de expertos. Una vez que trascienda, veremos qué contenidos tiene. Uno presume que estará en sintonía con las recomendaciones, pero siempre hay que esperar y dejar las puertas abiertas. Y aquí quiero destacar que si bien tuvimos diferencias muy marcadas dentro de la comisión, también hubo un diálogo muy fluido, con mucho respeto y mucha cordialidad. En este sentido, creo que Saldain lideró este proceso con su impronta de ser un hombre de diálogo y muy abierto a escuchar los planteos. Eso fue muy positivo. Claro que nosotros creemos que este tema se debe encarar en un diálogo social.
¿Por qué no se discutió el déficit de la Caja Militar?
Es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo. La última administración del FA fue la única que lo tocó a lo largo de estos años de manera tenue y otros gobiernos lo abordaron pero para empeorarlo. Cuando lo abordó el FA lo hizo con una oposición férrea de quien hoy lidera el partido Cabildo Abierto. Fue una reforma muy pero muy tibia. El problema de la caja militar es que los aportes que hacen los militares a la seguridad social no cubren ni por asomo los gastos que después representan las pasividades. Hay algunos datos de la caja militar que rompen los ojos y sería saludable que el Presidente le hable de ello a la ciudadanía. En su momento, el presidente dijo que no le preguntaran por el déficit de la Caja Militar porque eso no existía y personalmente creo que es una apreciación muy negativa si nos pasamos machacando con el déficit de la seguridad social del BPS, pero no hablamos de la Caja militar. En el BPS, el 70% de las jubilaciones son bajísimas, la mínima hoy está por debajo de los 16.000 pesos y lamentablemente el gobierno acaba de resolver que en términos reales baje, que el poder de compra de esas jubilaciones mínimas, caiga. Es algo lamentable que los $ 248 pagados en julio se descuenten del ajuste realizado en enero. Entonces, hablemos de déficit. El de la Caja Militar está en 450 millones de dólares anuales. El déficit del BPS es un poco mayor, pero atiende a 700.000 pasivos mientras que la caja militar atiende a menos del 10% de esa cifra, unos cincuenta y poco de miles de jubilados y pensionistas. Estamos hablando de un déficit que per cápita es casi 10 veces mayor. Después tenemos el tema de la edad de retiro. Aparece la «necesidad imperiosa» de que no hay más remedio que aumentar la edad de retiro. La edad de retiro en el BPS en promedio es a los 63 años y en la caja militar la gente se jubila a los 47 años. Quiero que el presidente explique esas desigualdades. Antes de hablar del BPS lo que tenemos que hacer es entrarle a este tema, porque, ¿Cómo vamos a convencer a una trabajadora doméstica, que tiene la columna, las piernas, las manos hechas puré de laburar 30 o 40 años, que tiene que laburar 5 años más cuando tenemos otro segmento de la población que está cargado de privilegios? Quiero que me digan cuál es la concepción de equidad y de justicia que está detrás de eso. Quiero poner otro ejemplo: la tasa de remplazo en un lugar y en otro, que es la forma en la que se va la gente; cuánto cobra respecto a los sueldos que tuvo. En el BPS la gente se va con una tasa de remplazo aproximadamente del 53%. Quiere decir que más o menos gana un poquito más de la mitad de lo que venía ganando en lo que es su historia laboral de salarios. Capaz que es lo que puede pagar el país, seguramente sea menos de lo que queremos como sociedad, podemos discutirlo. Esa tasa de reemplazo en la Caja Militar es del 136%, es decir, la gente se va ganando un 36% más de lo que venía cobrando. Por tanto, creo que tenemos que discutir cómo reformamos esto que es una desigualdad injustificable, con reglas completamente diferentes. Capaz que si arreglamos esto, tendremos más legitimidad social para empezar a discutir otras cosas que seguramente habrá que discutir.
¿Es difícil para el presidente pagar el costo político de encarar esto con su socio Cabildo Abierto?
Uno sospecha que sí. Ojalá que Cabildo Abierto esté de acuerdo con remover todos esos privilegios que no tienen ninguna justificación desde una mirada de lo que es la justicia o la equidad. Lo que digo es que si no hay voluntad política de ir a remover esos privilegios, en el movimiento sindical encontrarán un actor parado firme, para que no nos vengan a deteriorar los derechos y beneficios que tanto nos ha costado conseguir, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad que son los que cobran la jubilación mínima, como las trabajadoras domésticas o los rurales.
¿No crees que entonces se les acusará de ser los que ponen «palos en la rueda» y trancan al presidente que goza de suma popularidad?
Nosotros vamos a tratar de ser la voz de los sectores más vulnerables de la sociedad, en los que hay mayores niveles de informalidad y niveles de salarios sumergidos. Vamos a pelear por revertir las condiciones de precariedad, de inestabilidad y los atropellos de diferente tipo. Vamos intentar ser los que levantemos la voz de esos sectores ante la reforma de la seguridad social y explicar a la ciudadanía que determinados cambios que se están intentando llevar adelante pueden acarrear situaciones de injusticia muy profundas y un deterioro muy importante en la calidad de vida de la gente en general, pero en particular de los sectores más vulnerables. Ojalá podamos también convencer al presidente de que ese camino es profundamente errado, como fue errada esta definición de disminuir el poder de compra de las jubilaciones más bajas. Ahí tendremos que dar una batalla ideológica. Porque lamentablemente hay una cantidad de ciudadanos, de compatriotas, que tienen muchas dudas sobre el rol -por ejemplo- de las políticas de transferencia no contributivas del Mides. Hoy uno ve que en algunos casos se desmantelan y se celebran ahorros y eso va a generar una matriz de protección social más débil que está en sintonía con una visión ideológica. Creo yo que acá no es un problema de buenos o malos, acá es un problema de que hay una visión ideológica por detrás del gobierno actual que entiende que el Estado de bienestar, que la matriz de protección social, es un obstáculo para ese «malla oro» que por la vía del derrame supuestamente va a ir permitiendo que esos sectores se vayan apropiando y mejorando su calidad de vida. En general, no creo que sea un problema de que la derecha en este país quiere que a la gente le vaya mal. Supongo que en realidad tiene una ideología que presume que a la gente le puede ir mejor por un camino que nosotros entendemos es equivocado y que ha fracasado estrepitosamente en otras partes del mundo en relación a la reducción de desigualdad, al combate a la exclusión y a la pobreza.
En estos temas, hay dos actores que prácticamente no intervienen en la discusión pública. El director de la OPP, Isaac Alfie, no aparece nunca rindiendo cuentas. Y la ministra Azucena Arbeleche prácticamente tampoco aparece en los medios de comunicación y se la escucha una vez por año. Los voceros del Poder Ejecutivo en general son abogados abroquelados en sus discursos.
Es así, creo que hay algo estratégico que seguramente tenga su fundamento para que ni Alfie, ni Arbeleche den declaraciones y dialoguen con cierta frecuencia sobre las políticas económicas. Sería más saludable que lo hicieran y que estuvieran más en contacto con la población y que explicaran más sobre estas cuestiones. Porque no se puede celebrar el déficit fiscal sin mencionar la pérdida salarial o la baja de las pasividades que hacen al bienestar de la población.
Bueno, precisamente el equipo económico celebró los resultados fiscales y proyectó 40.000 nuevos empleos para 2022. ¿Cuál es la lectura del ICUDU sobre los recientes anuncios y la evaluación que realiza el gobierno?
La mejora de los resultados fiscales tiene una relación directa con la calidad de vida de la gente ya que principalmente se logró por la vía de la rebaja de salarios reales, pasividades e inversión social. Y esto es particularmente crítico en una coyuntura de pandemia y la forma en que repercute en los sectores más vulnerables. El empleo se ha venido recuperando en los últimos meses aunque hay que ver si se logra sostener y creo que el gobierno debe apuntalar la recuperación de los salarios y pasividades reales porque la si la economía crece, debemos evitar repetir la película de los años 90 y lograr que esa mejora que se celebra llegue a la población y en particular a los sectores más carenciados.
El gobierno recortó $ 258 a las jubilaciones más bajas, pero en conferencia de prensa dice que “continuarán mejorando las cuentas fiscales” y que proyecta un crecimiento de la economía del 3,8%. ¿Cómo se explica?
Lo que se hizo recientemente con el ajuste de las jubilaciones mínimas, en que se convalidó la pérdida de poder de compra, me parece una medida difícil de defender. Creo que muestra crudamente la priorización del frente fiscal que hace el gobierno por encima de atender la situación de las personas relativamente más carenciadas. Se resuelve que las jubilaciones mínimas que no llegan a $ 16.000 pierdan poder adquisitivo, pero como hablábamos recién, a nadie en el Poder Ejecutivo por ahora se le ocurre afectar las muy altas jubilaciones militares de mayores ingresos. Creo que son elementos muy preocupantes de cara a la reforma de la seguridad social que se plantea discutir este año y a los conceptos de justicia y equidad que maneja el gobierno.