El senador Ec. Sergio Botana tuvo la deferencia de prestar atención a los planteos realizados por AEBU, con algunos comentarios que merecen aclaraciones y respuestas.
No ingresaremos en responder sus comentarios sobre nuestra movilización en Punta del Este, en el marco del conflicto que atraviesa el sector de la banca oficial por la rebaja salarial y reducción de personal de los bancos públicos definidas por el Gobierno, aplicadas más allá de la alta rentabilidad ganada por las instituciones. Creemos que sus expresiones al respecto no están a la altura de su investidura ni de su jerarquía como dirigente político, por no contribuir al mejor diálogo entre organizaciones y personalidades con responsabilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados.
Dejando de lado estos aspectos queremos concentrar la atención en los comentarios de carácter técnico sobre los cuales no compartimos su visión de que merecen ser corregidos:
- La primera afirmación nuestra es que la torta se reparte peor, mostrando mayor concentración del crecimiento económico.
Sobre las formas de medir la mayor concentración del ingreso, el senador Botana afirma que solo se debe utilizar el índice de Gini. No es así, existen otros indicadores. El índice de Gini no es el único y tiene muchas limitaciones, ya que está demostrado que no capta gran parte de los ingresos de los hogares con mayores recursos. Tampoco es un índice muy bueno para mirar año a año, dado que busca principalmente reflejar tendencias.
En el documento de AEBU se usó otra comparación distinta al índice de Gini. Tiene sus limitaciones, pero tiene también la ventaja de captar a través de la medición del PBI el total del ingreso que se genera en un año, incluido el de los sectores de más recursos.
El PBI per cápita es una cifra que muestra el ingreso total de la economía dividido entre toda la población, por lo que muestra una distribución “teóricamente” equitativa de este. Los ingresos de los hogares que releva el INE en su encuesta mensual captan en los hechos cómo evolucionaron los ingresos de las familias, haciendo un promedio que surge de una muestra representativa de los hogares uruguayos.
Cuando se compara la evolución de un indicador con el otro, un crecimiento del PBI per cápita más rápido que el crecimiento del ingreso de los hogares muestra una tendencia hacia la concentración, porque el crecimiento económico que indica el PBI no se está reflejando en ingresos mayores de las familias en promedio. Es decir, el crecimiento del ingreso de los hogares está por debajo del crecimiento que mantendría la distribución igual que antes.
Las cifras muestran que cuando la economía “se achicó” en 2020 (baja del PBI per cápita de 6,2%), los ingresos que llegaron a los hogares se achicaron aún más (7,2%). Y cuando la actividad comenzó a crecer en los tres trimestres de 2021 (PBI per cápita crece 4,2%), los ingresos que llegaron a los hogares crecieron menos (3,6%).
Efectivamente, como señala el senador Botana, el año pasado creció el nivel de ingresos de los hogares respecto al año 2020 en el que la crisis afectó más fuertemente la economía. También creció el PBI y lo hizo más rápido que los ingresos de las familias. Hay sectores que concentraron parte de ese crecimiento y eso hizo que los ingresos de las familias crecieran por debajo del crecimiento de la economía en general, como señalaba el informe de AEBU.
Tal como dice Botana, en los últimos años este indicador muestra una tendencia hacia la concentración.
También es razonable el apunte de que la pobreza se redujo en 2021 respecto al año 2020, cuando la crisis impactó más fuerte. No hay ninguna controversia sobre ese punto.
- El documento de AEBU informa sobre el crecimiento record de depósitos.
El incremento de 3.358 millones de dólares en el 2021, y de 6.337 en los dos años se dio de forma concentrada. La mitad del crecimiento se da en las cuentas con más de 250 mil dólares y del 70% si se consideran las de 100 mil. Sumado el crecimiento de los depósitos de uruguayos en el exterior, los recursos acumulados durante los dos años superan los 9.000 millones de dólares.
El senador señala que los depósitos de las cuentas con más dinero crecieron más porque son las que tienen más recursos, lo que sería razonable si se midiera ese crecimiento solo en valores absolutos, en cantidad de dinero. Sin embargo, eso es equivocado ya que los depósitos de más de US$ 100.000 crecieron más que los de menores montos, no solo en términos absolutos sino también relativos. Desde febrero de 2020 hasta diciembre de 2022, los depósitos de menos de US$ 5.000 crecieron 12%, y los de entre US$ 5.000 y US$ 10.000 lo hicieron 10%, por ejemplo. Mientras, los de más de US$ 250.000 crecieron 20%. Es una diferencia clara entre unos y otros, comparados consigo mismos.
Respecto a los depósitos en el exterior, no se dice que sea una mala noticia, es solo un hecho de la realidad; durante los dos años de pandemia hubo una concentración de los depósitos en las cuentas de mayores montos y en las cuentas en el extranjero.
El senador Botana expresa que “el crecimiento de los depósitos fue del orden del 8% del PBI en un país que generó empleo y produjo, porque por algo exportó en cifra récord de 11.549 millones de dólares en 2021”. Sin embargo, dado que el PBI creció aproximadamente en la mitad de lo que se incrementaron los depósitos bancarios, podría inferirse que el crecimiento económico no está generando un ciclo de reinversión y retorno a la economía productiva, sino resguardándose en opciones financieras, lo que condiciona el efecto derrame y propicia la acumulación.
- La política económica y principalmente de retribuciones del Gobierno afecta a los que tienen menos.
Dejando de lado alguna ironía irrespetuosa, y centrándonos en un respetuoso debate de ideas, algunas expresiones y comparaciones internacionales propuestas por el senador Botana son compartibles.
La inflación es más alta que la proyectada y el problema no es de acierto o error, o si el rango —que no es un invento uruguayo si no que se usa en todo el mundo— sirve para acertarle o no. El problema es que la política salarial —que determina los ingresos de la mayoría de la población— está atada a las proyecciones irreales que elaboró el Gobierno, y con esas proyecciones el poder adquisitivo de las personas está disminuyendo ya que los adelantos por inflación son insuficientes para hacer frente al aumento de precios. Y ese fenómeno, efectivamente, afecta más a los que menos recursos tienen.
La masa salarial creció en 2021, así como lo señala Botana. Pero ese crecimiento es menor a la caída de 2020. Los sectores mayoritarios que tienen ingresos fijos y todos los dependientes del mercado interno perdieron peso en el total de la economía. [1]
- Las tarifas se movieron muy por encima de los ingresos durante el período de Gobierno.
Respecto a los comentarios que hace el senador sobre los aumentos de tarifas, no se condicen con las cifras del INE y solamente muestra cifras de 2021, porque las de 2020 claramente no le resultan convenientes.
Sumando 2020 y 2021, el agua corriente aumentó 17,9%, la electricidad 35,4%, los combustibles (en promedio) 27,2% y Antel 9,7%, siendo esta última la única que aumentó por debajo de la inflación.
- La política salarial del Gobierno ha determinado una pérdida de capacidad de compra por parte de los sectores de ingresos fijos.
En los comentarios que realiza el senador Botana sobre la idea de que la política del Gobierno afectó a los sectores de ingresos fijos más fuertemente, no se refuta para nada el análisis de AEBU. La política del Gobierno ha afectado a la población de ingresos fijos como asalariados, jubilados y personas que reciben transferencias sociales. Parece estar de acuerdo en ese punto. Solo señala que la masa salarial creció en 2021 lo que es una obviedad, al compararla con el año de mayor impacto de la crisis, cuando se provocó una caída sustancial.
- El modo de ajuste de las BPC hace que las transferencias sean menores y que el IRPF y el IASS descarguen mayor presión fiscal sobre trabajadores y jubilados.
El modelo de ajustes es una decisión clara del Gobierno con fines fiscales. Por un lado se logra una disminución de los egresos fiscales al aplicar el ajuste del BPC por el IMS, lo que implica que ajustar prestaciones sociales por debajo de la inflación hace perder poder de compra a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Por el otro se genera un incremento de la recaudación por concepto de IRPF, al rebajarse en pesos constantes el monto no imponible, cambio que provoca un aumento real del aporte de todos los trabajadores cuyos ingresos ajustaron por encima del IMS. La decisión del Gobierno fue aumentar la recaudación de IRPF cuando los sueldos bajan.
- La pobreza infantil, si se mide correctamente, aumentó respecto a antes de la pandemia.
El senador Botana sostiene que es válido comparar la pobreza en cualquier momento del tiempo (por ejemplo, un año con un semestre), pero explica que “en todo caso se podría eliminar algún factor estacional”. Eso es exactamente lo que se cuestiona: que la comparación no es válida porque tiene factores estacionales. Estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Y por eso los resultados son distintos al comparar de forma correcta, primer semestre con primer semestre.
En todo caso, la afirmación de AEBU se refería a la pobreza infantil porque es el dato que ha resaltado el Gobierno como un logro. Pero la realidad es que aumentó la pobreza de todos los menores de edad, y en el caso de los menores de 6 años el aumento está dentro del intervalo de confianza, es decir que la variación de un año a otro está dentro del margen de error de la muestra estadística. El cálculo que hace el senador sobre que el margen es un 9% es incorrecto. En el INE se encuentra disponible la metodología de la Encuesta Continua de Hogares[2]. Allí, en la página 8, podrá observar que excepto para las cifras para el total del país (en las que el margen es de 0,8 puntos porcentuales), para cualquier población menor la cifra es de un punto porcentual o más.
- En cuanto a crecimiento, inversión y algunos aspectos vinculados a la LUC.
Separando del análisis los comentarios con objetivos políticos o irónicos realizados por el senador, la información analizada demuestra que no hay discusión sobre que el crecimiento potencial estimado por el Gobierno es de 2,1%, y tampoco la hay en que la inversión pública en educación y otras áreas claves, cayó fuertemente. Las orientaciones presupuestales, combinadas con la Regla Fiscal incluida en la LUC, no hacen avizorar acciones dinamizadoras de parte del Estado que contribuyan a la reactivación económica.
Reconociendo que el gasto social subió durante la pandemia para afrontar la crisis, hay que tener en cuenta que el presupuesto del Mides crece por que las asignaciones familiares pasaron a pagarse a través de este y no del BPS. Esta transferencia contable puede llamar a engaño si no se la excluye del incremento.
El informe no discute que existió una respuesta del Gobierno a la pandemia ni tampoco sus efectos. Era esperable e inevitable. Lo que sí corresponde analizar es su suficiencia. Allí la comparación internacional —recogida por organismos internacionales— indica que el apoyo del Gobierno frente a la crisis provocada fue de los más modestos en la región y estuvo lejos de responder al impacto económico recibido, y tal vez guarde relación con la lentitud con que se viene recuperando el país en relación al resto de los países de Sudamérica.
La posición de AEBU en materia del combate a los paraísos fiscales, las prácticas de lavado de activos y la búsqueda de un sistema financiero transparente y ceñido a las mejores prácticas internacionales, ha sido recogida en resoluciones históricas. Apoyar las Normas de Basilea o las de FACTA son bases para contar con un sistema financiero sólido y prestigioso, lo que redunda en la imagen del país.
Respecto a los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, la información confirma que la LUC tiene un efecto nocivo. Mientras los informes crecen en los sectores a los que la LUC no les flexibilizó los controles (los bancos y otras instituciones financieras), los reportes caen en los sectores donde la LUC si los flexibilizó.
Este efecto, anunciado por técnicos De, pone en riesgo el prestigio del país en tanto posibilita el lavado de dinero del terrorismo, venta de armas y trata de personas. La flexibilidad en el combate contra el lavado de dinero del narcotráfico también tiene efecto sobre su expansión en la sociedad, o la ubicación del país como centro de distribución. Seguramente, en la discusión de este aspecto de la LUC no se llegó a ser suficientemente claro sobre los efectos de estas medidas. Tal vez la velocidad de la aprobación conspiró contra un análisis del tema en profundidad. El lavado de activos utiliza como componente fundamental de sus prácticas a sectores como la construcción, las inmobiliarias, el turismo, los juegos de azar, así como a los escribanos y otros agentes no financieros. En realidad, los expertos en el tema señalan que los citados son agentes a los que hay que controlar de forma más intensa.
Hacemos llegar esta respuesta como contribución a un debate necesario, que en la medida en que pueda ser encauzado con la altura, respeto y tolerancia necesarias, aportará a encontrar soluciones para el país y su gente. Esperamos encontrarnos con el senador Sergio, dispuestos a atender el llamamiento que nos hace Wilson Ferreira Aldunate, desde la más rica tradición republicana y de compromiso social: “Si no somos capaces de asegurarle una vida digna y decorosa a tres millones de orientales, lo dije antes y lo repito hoy, somos unos criminales.»
Asociación de Bancarios del Uruguay