Para el integrante del Instituto Cuesta Duarte, economista Pablo Da Rocha, el próximo domingo se definirán no solamente los 135 artículos de la LUC que serán sometidos a la votación popular sino otras variables que impactarán en la vida cotidiana de las personas. El docente universitario y asesor económico sostuvo en diálogo con el Portal del PIT-CNT que más allá de la regla fiscal, la portabilidad y otros aspectos claves de la LUC, habrá un antes y un después en el escenario nacional. Da Rocha está convencido que se pretende mercantilizar el ANCAP y afirmó que es necesario que retome sus fines y cometidos sociales. En este sentido subrayó que ANCAP “debe ser más pública que empresa”. En relación a las telecomunicaciones y la portabilidad numérica, aseguró que las empresas privadas que compiten con ANTEL están “agazapadas” a la espera del resultado del referéndum.
“Este 27 de marzo nos jugamos algo muy importante como país y en cierta medida será un antes y después a nivel político, porque del resultado dependerá cómo le va a ir a la gente. La LUC es una ley ómnibus que toca muchísimos temas pero hay algunos que son estratégicos y estructuran las medidas de política del gobierno. Algunos de los artículos más sensibles tienen que ver con la creación de la denominada regla fiscal, que no es otra cosa que un dispositivo jurídico institucional que priva, limita y restringe al gobierno a poder destinar recursos en situaciones acuciantes del país. El gobierno se fija un límite sin importar el momento que esté viviendo el país -se ata de manos-, como por ejemplo una pandemia que se cobró miles de víctimas. Y sin embargo, no podemos destinar los recursos necesarios porque tenemos un dispositivo, una nueva regla muy rígida, que nos lo impide. No solamente para atender la situación de emergencia con una pandemia, sino que también impacta, si la Educación requiere recursos para mejorar su situación edilicia o sus prestaciones pedagógicas. Hay que ser muy claro, para tener una mejor calidad educativa, mejores prestaciones en salud, o atender la emergencia habitacional o de vivienda, se requieren más recursos; y esta regla lo impide o al menos lo limita.
Para el economista, las empresas públicas también tienen que cumplir un “rol social” directamente vinculado a la gente y no se las puede considerar únicamente con los ojos del mercado. En este sentido, recordó que Uruguay es uno de los pocos países en los que el combustible está en manos de una empresa pública que puede subsidiar a algunos de sus derivados y que posibilita que el precio de los combustibles sea el mismo, sin importar la distancia en el territorio. Asimismo, Da Rocha recordó que el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los egresos públicos; y sostuvo que el gobierno optó por “reducir el gasto y “ahorrar” recortando salarios, impidiendo la inversión pública, afectando de manera directa la capacidad de compra de jubilaciones y pensiones que por segundo año consecutivo caen en términos reales”; como forma de lograr sus objetivos fiscales. Este gobierno priorizó sus objetivos macroeconómicos por encima de los sociales.
El economista aclaró en diálogo con el Portal del PIT-CNT que la responsabilidad de los recortes no estuvo colocada en el Presupuesto sino en la LUC ya que “el Presupuesto es el brazo ejecutor de la LUC”, por lo que, desde su perspectiva, si se derogan los 135 artículos de la LUC se podría tener un Presupuesto más enfocado en las necesidades y demandas reales de la población, siempre que se pueda discutir como corresponde. En este punto, recordó que el gobierno “tuvo la chance de priorizar las necesidades de la gente” durante la pandemia, cuando según cifras oficiales, en Uruguay 100.000 personas cayeron bajo la línea de la pobreza. “Pero el gobierno priorizó lo económico y fiscal sobre lo social, priorizó ahorrar y alcanzar su meta fiscal en lugar de atender a las y los más vulnerables”, remarcó. Asimismo, cuestionó duramente las decisiones del equipo económico que llevaron a la pérdida de capacidad de compra de los salarios y jubilaciones y como contracara, que un pequeño sector de privilegiados se haya enriquecido aún más durante el gobierno del presidente Lacalle Pou. “Por decisión del gobierno, el ajuste fue en el bolsillo de la gente”, acotó.
¿Dijo o no dijo?
Consultado sobre las promesas del gobierno en la campaña electoral en materia de ahorro fiscal y si advirtió que eso implicaría la rebaja de salarios y jubilaciones, el economista explicó que si bien se habló de una Ley de Urgente Consideración nunca se informó “qué iba a traer adentro” o sea de sus contenidos específicos, y si bien “sospechábamos que iba a existir una regla fiscal se dijo que el déficit fiscal que querían combatir -y que habían recibido como ‘herencia’ del gobierno anterior- era producto del despilfarro y de gastos redundantes. Y en campaña se dijo que no iban a aumentar los impuestos ni las tarifas. Lo que hicieron fue todo lo contrario. Hubo aumento de impuestos y recortes. Por lo tanto es clarísimo que el gobierno incumple lo que dijo en campaña; estamos frente a un gobierno deshonesto, que incumplió sus promesas electorales”.
En relación a la LUC y las Empresas Públicas, Da Rocha enfatizó que el gobierno con su iniciativa “le adjudica un comportamiento mercantil a todas las empresas públicas, en particular a ANCAP”, y “busca sean mercantilizadas, se liberen a las leyes del mercado” y se “comporten como cualquier empresas privada, que persigue únicamente el beneficio económico, lo que evidentemente es un grave error”.
Empero, puntualizó que si bien la LUC introduce la regla fiscal o el criterio técnico de ajuste del precio de los combustibles, es el propio gobierno el que incumple sus definiciones “a la espera” de lo que sucederá el próximo domingo 27, ya que de aplicar estrictamente lo establecido en la LUC –por ejemplo- sobre combustibles, habría tenido que subirlos aún más y eso habría causado impacto directo en la economía y malestar “aún mayor” en la población.
Para el asesor del Instituto Cuesta Duarte, hay que “desmantelar” estas normas de la LUC sobre ANCAP para que pueda “retomar su senda” como empresa pública con función social.
Portabilidad
Da Rocha se refirió a otro de los aspectos que centró buena parte de las discusiones de la campaña sobre la LUC, y se detuvo en la portabilidad numérica. ”Implica mucho más que cuántos clientes gana o pierde ANTEL. Y tenemos que hablar de un paquete que incluye la ley de medios, que es mucho más grave que la portabilidad. Acá hablamos que hay empresas privadas, que jamás destinaron recursos a infraestructura o al desarrollo, van a utilizar las inversiones de los uruguayos en materia de telecomunicaciones, van a usufructuar la red de forma gratuita y con un capital de giro que me parece desleal. Movistar y Claro tienen la posibilidad de volcarse a realizar una campaña de captación de clientes sin límites. En cambio ANTEL, por la propia regla fiscal que impuso el gobierno en la LUC tiene acotado el margen de acción para invertir en propaganda. Si bien la regla fiscal no opera directamente sobre las empresas públicas, si lo hacen sobre el déficit fiscal que tanto agobia al gobierno; “la regla fiscal mira permanentemente al déficit”. ANTEL está limitada por la regla fiscal y las privadas no. En estos días, parece claro que hay una clara especulación de las empresas privadas que están agazapadas a la espera de lo que sucederá el domingo. Y después seguramente actuarán de forma agresiva. No hay dudas que el gobierno está impaciente por llevar adelante otras medidas que impactarán fuertemente sobre la sociedad. Pocas dudas hay que al día siguiente del referéndum, el gobierno probablemente lleve adelante su proyecto de Ley de Medios, así como también, otras iniciativas como la reforma de la seguridad social”, concluyó.