Desde la Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay se manifestó el rechazo a la decisión de la mayoría de la nueva conducción de la INDDHH de admitir la inscripción de una institución que ha negado la existencia de las 197 desapariciones forzadas durante la dictadura. Mediante un comunicado, CRYSOL expresa el «total rechazo a la decisión de la mayoría de la Comisión Directiva de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de inscribir al Centro de Estudios de DDHH en el registro de la institución por tratarse de una organización que no reúne las condiciones elementales para ser aceptada para participar».
CRYSOL indica que «la negación de las 197 desapariciones forzadas de ciudadanos durante la dictadura civil militar», así como «su encendida de defensa de los responsables de los más graves crímenes que fueron procesados son un claro ejemplo de no reunir las condiciones esenciales para ser inscripta en la institución que tiene como cometido proteger, promover y defender los DDHH».
Asimismo, el texto de CRYSOL sostiene que «repudiamos la persistente campaña del matutino El País, que fuera vocero oficial del terrorismo de Estado, contra la INDDHH y sus editoriales destinadas a intimidar y disciplinar a las nuevas autoridades. Desde el Tribunal de Nuremberg que juzgó a los principales jerarcas nazis al fin de la Segunda Guerra Mundial hasta en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, son los funcionarios del Estado o quienes actúan en su nombre, con su autorización o aquiescencia quienes violan los Derechos Humanos y sus acciones jamás pueden ser equiparadas o igualadas a las que llevan a cabo los particulares ya sea en forma individual o colectiva. En aras de afirmar la justicia y la democracia, reiteramos una vez más, que los crímenes más graves de la historia del país no pueden quedar sin castigo. Fueron cometidos por funcionarios del Estado, civiles, militares y policiales, que debían impedir que ellos ocurrieran. Deben ser investigados, esclarecidos y castigados por el poder del Estado que tiene las prerrogativas constitucionales para hacerlo brindando las máximas garantías a todos los involucrados como ha venido ocurriendo hasta el presente. Ratificamos nuestro compromiso de apoyar y respaldar a la INDDHH como una gran conquista de los trabajadores y del pueblo uruguayo para afirmar las normas de DDHH que son una gran conquista de la humanidad aunque, parece, que las actuales autoridades no comparten nuestro punto de vista».