En una coyuntura de debate sobre la demanda alimentaria y su cobertura, las/los trabajadoras/es organizados del Ministerio de Desarrollo Social pretendemos, mediante el presente comunicado, aportar nuestro punto de vista.
Entendemos que la demanda alimentaria de la población sigue siendo muy alta, configurando uno de los principales motivos de consulta en los diferentes programas del Ministerio. En un marco en el que la pobreza continúa aumentando, preocupa que la Administración interprete que la baja en el uso de programas alimentarios corresponde necesariamente a una baja en la demanda. Las/los trabajadoras/es entendemos que, por el contrario, se debe a una reducción de los beneficios y al aumento de las trabas burocráticas que dificultan el acceso.
Las respuestas del MIDES ante la demanda alimentaria siguen siendo insuficientes, y de hecho se han debilitado una vez se levantó la emergencia sanitaria. Este es el caso de las Canastas de Emergencia, beneficio que tuvo una reducción drástica en los últimos meses; actualmente, solo pueden entregarse por única vez a personas con perfiles muy delimitados, y el stock de disponibilidad es muy reducido. A este respecto, es importante destacar que al mes de abril del presente año se realizó un cambio en el registro sobre la entrega de las Canastas de Emergencia, debido al cual el sistema deja de registrar estas intervenciones como consultas por alimentación, aunque claramente lo son. La disminución de la cantidad de canastas entregadas no responde a una baja en la demanda, sino a la restricción para el acceso a las mismas.
Una situación similar tiene lugar con el programa de comedores. La cobertura, ya de por sí baja (existen solo cuatro comedores en Montevideo) agregó procesos burocráticos previos, que dificultan el acceso en lugar de facilitarlo. Asimismo, se establecen otras limitantes; a modo de ejemplo, una vez vencido el carné las personas deben pasar seis meses para volver a utilizar el comedor. Se suma a lo anterior la falta sistemática de boletos que permitan que las personas puedan asistir.
Por otro lado, acceder a la Tarjeta Uruguay Social implica que las familias esperen varios meses la realización de la visita que habilita el beneficio, y el tiempo de demora no ha mejorado a pesar de que el Ministerio ha decidido tercerizar parcialmente la tarea en una empresa consultora, dejando una parte vital del proceso de selección de los hogares beneficiarios de los dineros del Estado en manos de empresas privadas.
En este marco, las familias se ven vulneradas y re victimizadas, expuestas a una situación en la que, aunque acudan en reiteradas ocasiones al Ministerio, no encuentran respuestas a sus demandas. La falta de acceso, sumada al constante cambio de criterios y la falta de información clara sobre los beneficios expone también a las trabajadoras/es, quienes, no pudiendo dar respuestas, sufren constantes situaciones de violencia.
Ante la insuficiencia de respuestas del Estado, las ollas populares han tenido un rol fundamental a la hora de garantizar el acceso a la alimentación por parte de la población; por ello, consideramos que el retiro del apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas es desacertado. Las ollas populares son muchas veces organizaciones emergentes que surgen en el marco de situaciones extremas, y basan su actividad enteramente en el trabajo voluntario de personas que deciden volcar tiempo y esfuerzo para que llegue un plato de comida a miles de hogares del país. Éstas hacen posible acceder al derecho a la alimentación, derecho humano consagrado en la Constitución, que debería garantizar el Estado. Nos encontramos entonces en una situación en la que el Estado exige a las organizaciones voluntarias que asuman con minuciosidad la carga de gestión y burocrática que no asumió por su cuenta, existiendo un instituto dentro del propio Ministerio creado exclusivamente con ese fin (INDA). Las organizaciones sociales asumen la tarea de brindar alimentos: no son las responsables del seguimiento de los programas y la sistematización de datos.
Las/os trabajadoras/es de MIDES sindicalizadas/os expresamos nuestra solidaridad, tanto con la población que ve vulnerado su derecho a la alimentación, como con la CPS, y, en general, con la sociedad civil organizada, tantas veces abanderada de la expresión y de la acción del pueblo.
¡A UTMIDES lo construímos entre todas y todos!