Finalmente el presidente Lacalle Pou logró que la Asamblea General mantuviera el veto sobre a ley que pagaba parte de los adeudos a extrabajadores de Casa de Galicia.
Con demostraciones de profunda congoja, dolor y bronca, cientos de trabajadores desde las barras fueron testigos directos de la decisión del gobierno que logró su objetivo: que la Asamblea General no alcanzara los tres quintos de cada cámara para levantar el veto parcial que había aprobado el mandatario contra algunos artículos de la ley que habilitaba los créditos para pagar parte de las deudas laborales a los extrabajadores de Casa de Galicia.
«En pocas oportunidades vi un cúmulo tan grande de injusticias e inequidades como las que el sistema político ha tenido con socios y trabajadores de Casa de Galicia», sostuvo el abogado Juan Ceretta. «El país no ha estado nunca a la altura de todo lo que la comunidad gallega le a dado», enfatizó.
Por su parte, Florencia Costanzo, ex trabajadora de Casa de Galicia, anunció que todo indica que ahora los trabajadores irán a juicio contra el Estado, excepto aquellos que opten por aceptar los 170 mil pesos que se les ha ofrecido. «Vamos a hacer juicio al Estado. Los trabajadores vamos a hacer juicios. Si será grupal o individual lo dirán los abogados. Porque eso no lo determinamos nosotros. Pero que la gran mayoría va a hacer juicio, va a hacer juicio», aseguró.
«El estado va a hacer que toda la sociedad se haga cargo de cifras que pueden superar los 40 millones de dólares, porque acá son los trabajadores que cumplieron a rajatabla con sus obligaciones a solicitud del Gobierno y que, efectivamente, a último momento se les dice: ‘no te voy a pagar los 500.000 pesos, te voy a pagar 170 si renuncias a todo lo demás’, además es eso, es inaudito lo que hemos vivido», declaró.