La situación sanitaria ha generado diversos cam bios en la vida de los y las uruguayas. La inacción del Estado y su
retiro del territorio, ha provocado un deterioro en las condiciones de vida y las posibilidades de alim entación adecuada y suficiente de m uchísim as fam ilias. Según estudios recientes hoy hay m ás de 100.000 nuevos pobres que no son un “daño colateral”, sino que se podrían haber evitado con políticas sociales oportunas y de calidad. El Estado y el Ministerio de Desarrollo Social han optado por una política social orientada al reparto de alim entos com o casi única respuesta.
Entendem os que la asistencia es necesaria y que los alim entos son urgentes, pero el Estado tiene la obligación de abordar la problem ática en térm inos de derecho a la alim entación, prom oviendo la autonom ía y la seguridad alim entaria de las personas en el m ediano plazo. La política propuesta por este gobierno está m uy alejada de pensar en estos procesos. A la inversa, se carga en los individuos la responsabilidad de su propia subsistencia, sin tener en cuenta los m edios m ateriales y sim bólicos que las personas tienen a su disposición para hacer frente a esta coyuntura.
Querem os señalar el m anejo lam entable de la política de entrega de alim entos a las ollas populares en Montevideo y área m etropolitana, canalizada a través de una com pra directa de 65 m illones de pesos a la Fundación Uruguay Adelante. Habiendo una unidad ejecutora dentro del MIDES dedicada íntegram ente a entregar alim entos – INDA- ,
nos preguntam os qué m otiva a la Adm inistración a tercerizar una tarea en una Fundación sin ninguna trayectoria de
trabajo en políticas sociales.
Esta tercerización no perm ite el contralor técnico sobre la provisión de esos alim entos, ni los criterios de asignación y distribución a las ollas. En lugar de abaratar los costos estatales, este m ecanism o encarece la tarea sin ningún tipo de beneficio, al m enos en lo que respecta a la política pública. Parece pertinente preguntarse: ¿qué beneficios privados reportará esta decisión?
Por otro lado, el proceso de adjudicación fue de com pra directa. Lam entam os profundam ente que un m onto tan alto de dinero sea entregado a una Fundación que aún no cuenta con personería jurídica y sin pasar por los procesos licitatorios que están previstos en el TOCAF. La Ley de Urgente Consideración perm ite al Estado asignar hasta 200 m illones de pesos en form a directa sin necesidad de convocar una licitación abierta.
Paralelam ente a esta política de corte asistencialista, observam os y denunciam os un repliegue de los program as del MIDES del territorio y un progresivo desm antelam iento de los servicios sociales. Para señalar algunos ejem plos recientes: SOCAT, ETAF, Jóvenes en Red, Tránsito Educativo, Centros Prom otores de Derechos, Uruguay Trabaja o la im posibilidad de ingresar a los program as del Sistem a Nacional de Cuidados, Tarjeta Uruguay Social o Asistencia a la Vejez.
Durante el últim o año, desde UTMIDES exigim os las condiciones necesarias com o protocolos e im plem entos de seguridad para que los equipos técnicos puedan sostener el trabajo con las fam ilias y las com unidades. Con el argum ento de que los Program as estaban bajo revisión y la situación de pandem ia, estos se debilitaron y los equipos técnicos retirados del territorio sin ningún tipo de respuesta para la población.
En un momento tan delicado para la sociedad en su conjunto, desde UTMIDES manifestamos nuestro profundo
rechazo a estas formas de precarización de las políticas sociales.
Asamblea General de UTMIDES
30 de abril de 2021.-
Contacto: 092.985.764 / 099.878.896