En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se conmemora cada 28 de abril, la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT convocó a una conferencia de prensa en la que realizó un detallado balance de la situación actual y efectuó distintos planteos para que las autoridades actúen en consonancia con la normativa vigente y adopte de manera categórica las recomendaciones de la OIT-
En dicho encuentro desarrollado este mediodía en la sede del PIT-CNT, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo que para el movimiento sindical la salud de las y los trabajadores «no se negocia» y abogó por el inmediato cumplimiento de las normas preventivas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
En tanto la secretaria general, Elbia Pareira, valoró el trabajo de diagnóstico que ha desarrollado la Secretaría de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la importancia que tiene la temática para el conjunto del movimiento sindical.
En su informe, la Secretaría de Seguridad y Salud Laboral, reveló que el gobierno «desoye la realidad», ha reducido los montos de las multas por incumplimiento de la normativa laboral y proporciona descuentos a las empresas incumplidoras.
Informe completo
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se conmemora cada 28 de abril, es para la clase trabajadora un día de reflexión y que da visibilidad a un problema que, es constante en el mundo laboral y que afecta la vida de las personas trabajadoras. Lo entendemos como un día que debe impulsarnos a generar conciencia sobre esta temática y reforzar nuestro compromiso para promover una transformación radical del marco en que se desarrolla la actividad laboral, como única forma de asegurar condiciones de trabajo saludables.
Durante el año 2022 la OIT ha declarado como un derecho fundamental en el trabajo, el derecho a un entorno de trabajo ‘seguro y saludable’. En pocas palabras, esto se traduce en el derecho de todo trabajador a no morir, ni enfermar, ni lastimarse trabajando, entre otros derechos que encierra este amplio concepto.
Los Convenios de la OIT son tratados internacionales y constituyen instrumentos esenciales al momento de garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los gobiernos asumen al ratificarlos el compromiso en su cumplimiento y nuestro país ha sido reconocido por el mundo entero, como uno de los países con mejor y robusta normativa en referencia a la protección de los derechos laborales.
Los trabajadores reafirmamos nuestro compromiso histórico, con la promoción del tripartismo y el diálogo social para avanzar en este tema, pero el diálogo social implica el compromiso de todas las partes involucradas. La realidad es que los progresos realizados en nuestro país en materia de protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores, siguen siendo intolerablemente y dolorosamente lentos, incluso inexistentes.
Lamentablemente la poca voluntad política y una alta dosis de permisibilidad por parte de las autoridades del actual gobierno, que deberían velar por la seguridad y salud de los trabajadores, conforman un cóctel explosivo que facilita el desprecio por la integridad física, psíquica y la vida de las personas trabajadoras.
En los últimos años las políticas públicas vienen siendo esquivas hacia los trabajadores. Se ha gobernado protegiendo a los dueños de los medios de producción -que en muchos sectores han cosechado ganancias extraordinarias- que, en materia de salud laboral, han podido evadir la implementación de Convenios Internacionales ratificados por nuestro país, siendo esto posible gracias a una omisa fiscalización y al nuevo Decreto que regula la actuación de la Inspección General del Trabajo, que convierte en letra muerta toda reglamentación de los mencionados convenios.
Es inevitable pronunciarnos sobre el accionar de los empresarios en estos temas. En la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, se resolverá sobre un nuevo instrumento para prevenir los riesgos biológicos. Este tema tiene una gran relevancia para los trabajadores y la población en general de nuestro país, que por sus características agrícola ganadero, condición que acentúa la exposición a estos peligros, de contraer enfermedades como brucelosis; tuberculosis; toxoplasmosis; fiebre Q; entre otras, y la existencia en nuestro país del mosquito vector que transmite varias enfermedades que están causando epidemias en nuestra región, como lo son la leishmania; la encefalomielitis equina; el dengue; entre otras enfermedades que afectan gravemente la salud de la población. Como PITCNT hemos enviado nuestro aporte y opinión favorable a la elaboración de un nuevo convenio, sabemos que el gobierno también así lo ha manifestado, pero, los empresarios uruguayos, fieles a su accionar, han respondido que no están de acuerdo. La misma negativa manifestó en la consulta sobre el convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud, y con el convenio 190 para la prevención y eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Entendemos que es imposible realizar prevención en serio de los accidentes y enfermedades contraídas a consecuencia del trabajo, sin tener presente que esos efectos no son ni castigo divino, ni obra de la falta de fortuna, sino una consecuencia de las decisiones que se toman a la hora de organizar el trabajo, es decir, éstos efectos tienen responsables directos: los empresarios que no cumplen con las reglamentaciones y el gobierno en su omiso rol encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión.
Intentaremos hacer una breve mención de algunos de los muchos problemas que existen referidos a la salud laboral, que aporten una somera idea, tanto de los incumplimientos como de las fallas en el control estatal.
Según datos publicados por el Banco de Seguros del Estado, la cifra de fallecidos a causa de accidentes laborales para el año 2022, fue de 30 personas trabajadoras.
Estos índices de accidentabilidad muchas veces están sub registrados entre otros motivos, porque no toma en cuenta los llamados accidentes de tránsito, que son en gran proporción, ni más ni menos que accidentes en ocasión del trabajo. A pesar de que existe un convenio entre la Inspección General del Trabajo y el Ministerio del Interior, donde este último está obligado a notificar los accidentes graves y/o mortales, dicho protocolo no se cumple en muchos casos, por falta de articulación entre los organismos del propio estado.
Recientemente, el ministro de Trabajo Pablo Mieres, realizó una presentación mostrando el descenso de los siniestros laborales, pero el periodo que tomó para la comparación, fue desde enero 2018 a setiembre de 2022, periodo donde subió el desempleo, pero además, la movilidad disminuyó. Con estas variables, hablar de una gran baja en la cantidad de siniestros es hacerse trampa en el solitario, señor ministro.
Si hablamos del sector rural, uno de los más prósperos y pujantes del país, donde se producen las mayores riquezas, es también un espacio de muerte para los trabajadores. En este periodo de gobierno, los siniestros mortales superan una veintena de compañeros que murieron trabajando por falta de cumplimiento de reglamentaciones.
De manera inconsulta y tardía el gobierno dejó a criterio del empleador el realizar o no tareas bajo condiciones meteorológicas adversas, exponiendo al trabajador a situaciones de vulnerabilidad, transformando el ámbito donde se desarrolla el trabajo rural en un terreno árido e inhóspito, donde pesa fuertemente la impunidad de la orden patronal, en el cual, muchas veces por el arraigo de costumbres centenarias, se minimizan riesgos que avasallan los derechos laborales y humanos de los trabajadores.
Es alarmante la falta de control sobre el trabajo de los menores en el área rural. Por reglamentación, los menores tienen prohibido realizar algunas tareas, sobre todo con animales y siempre deben salir al campo acompañados de un adulto, sin embargo se han registrado accidentes (incluso con un fallecido) que involucran a menores.
En los servicios públicos, el gobierno en su doble rol de patrón y contralor, pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores a la hora de reclamar las condiciones de trabajo, evitando arbitrar sobre las denuncias. Esto genera en los funcionarios públicos una situación que los discrimina y da por tanto peor calidad en el trabajo al ser considerados trabajadores particularmente distintos en el goce de sus derechos a un entorno saludable en sus lugares de trabajo. Sobre este punto entendemos que se está en falta con varios convenios que el país ha suscrito y por los que está obligado.
Recientemente y de manera arbitraria, el gobierno resuelve implementar un descuento salarial a los trabajadores estatales en ocasión de enfermar, argumentando que se producen abusos en el uso del sistema existente. Opta por la lesión de derechos a rajatabla en lugar de reconocer su incapacidad de controlar y vigilar la salud de los trabajadores.
Estas son solo muestras de un problema mucho más complejo que atraviesan los trabajadores de todas las ramas de actividad, desde las mencionadas anteriormente, pasando por los compañeros del comercio y servicios; la salud; los clasificadores, la construcción; trabajadores de la pesca; entre muchos otros, donde ha crecido la vulnerabilidad y la precarización.
La crisis sanitaria entre otras cosas logró visibilizar la urgente necesidad de combatir los principales factores de riesgos, especialmente los psicosociales que aumentan cada año. El gobierno tampoco garantizó políticas nacionales centradas en la prevención para luchar contra este problema.
La Inspección General de Trabajo es el organismo rector, quien ejerce el rol de control sobre el cumplimiento efectivo de los derechos laborales de todos los trabajadores uruguayos. Nos preocupa que el organismo presenta una delicada situación estructural que impacta negativamente en las capacidades para cumplir con sus cometidos eficazmente, faltan especialistas en medicina laboral, el cuerpo inspectivo resulta insuficiente para la demanda existente de fiscalizar la totalidad del territorio nacional, donde casi el 90% de inspectores están radicados en la capital del país.
El gobierno pone la salud de los trabajadores en la lógica del mercado. Ha demostrado que desoye estas realidades y las agrava con sus acciones, ha promulgado una actualización de la normativa que regula la actuación de la Inspección del Trabajo que redujo los montos de las multas por incumplimiento a la normativa laboral, incluso por debajo de los sugeridos por la OIT y promociona descuentos a las empresas incumplidoras en los casos que las multas se abonen dentro de los diez primeros días luego de su aplicación, cual si fuera una oferta de un Centro Comercial.
Tampoco olvidamos que en plena crisis hídrica el ministro de Trabajo Pablo Mieres manifestó en la prensa que las empresas no estaban obligadas a suministrar agua embotellada a sus empleados.
Estamos especialmente preocupados por las agresiones al ambiente y la salud que surgen del modelo productivo imperante. El gobierno a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha flexibilizado las normas que regulan el uso y aplicación de agrotóxicos, dejando en la “libertad responsable” la notificación del productor de informar qué producto y cuándo lo aplica. Se ha promovido con esto, el uso indiscriminado de agrotóxicos que no solo afectan al suelo, sino también a las fuentes de agua y a la salud de la población, especialmente a la más cercana a los lugares de aplicación.
Por estos motivos seguiremos demandando:
– La completa ejecución de una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si bien hemos participado en la elaboración del Decreto en el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT), estaremos vigilantes de que el mismo no quede también en letra muerta.
– La total implementación y efectiva fiscalización de los Convenios Internacionales del Trabajo que regulan la actuación de la Inspección General del Trabajo, los Convenios relativos a la prevención y protección de la Seguridad y la Salud, incluido el Convenio para la prevención y eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del Trabajo, los cuales varios a pesar de sus años de entrada en vigencia y ser convenios de gobernanza y fundamentales, son incumplidos en la mayoría de las empresas y por el propio Estado.
– La correcta aplicación de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Actualmente, no se está dando adecuada cobertura a los trabajadores, aplicándola con un criterio restrictivo que no se desprende del contenido de la misma y que se expresa con un elevado porcentaje de rechazos (administrativos y médicos).
– La imprescindible discusión de una Ley Nacional de Salud Laboral, que coordine los ámbitos estatales de contralor dispersos y que incluya aspectos no contemplados por nuestro actual marco normativo, como por ejemplo, salud mental en el Trabajo. Uruguay debe actualizar el Decreto 210/2011 que lista las enfermedades profesionales e incorporar aquellas derivadas de los factores de riesgos psicosociales, en consonancia con las recomendaciones de la OIT. Hemos planteado esta petición en el CONASSAT y la respuesta del Inspector del Trabajo Tomas Teijeiro, fue una directa negativa.
Porque la salud de los trabajadores no es negociable, el movimiento sindical seguirá bregando por el cumplimiento de las normativas, por una real cultura preventiva, denunciando y desmaquillando los números oficiales que invisibilizan a los compañeros que han muerto, han resultado heridos o se enferman a consecuencia del trabajo.
Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente – PIT CNT
Abril de 2024
Fuente: https://www.pitcnt.uy