La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una notificación y, eventualmente, presentará una demanda contra el Estado uruguayo por la vulneración de los derechos de los trabajadores informales, en particular de los clasificadores de residuos urbanos sólidos.
El jueves 4 de julio se realizó en la sede del PIT-CNT un encuentro entre delegados de la central sindical, representados por la integrante del Secretariado Ejecutivo, Fernanda Aguirre; trabajadores de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS); y el relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Javier Palummo.
En dicha instancia, los clasificadores de Uruguay, representados por su sindicato UCRUS, expusieron las diferentes realidades en las que trabajan, lo que consideran una “vulneración” de sus derechos.
“Los clasificadores venimos cumpliendo nuestra tarea desde hace muchísimos años, contribuyendo, aunque sea modestamente, a disminuir los problemas ambientales producidos por los residuos que otros generan. Pero ese trabajo ha sido hecho históricamente en la informalidad, la marginación y el desconocimiento por parte de la sociedad”, expresan.
Aseguran que los recicladores viven, en general, en asentamientos con viviendas precarias. «Hay personas que han trabajado en la clasificación toda su vida y llegan a la vejez habiendo estado siempre al margen de los sistemas de seguridad social; la situación más grave que vemos es la de los clasificadores que trabajan en vertederos a cielo abierto, en muchos casos viviendo en ellos con sus familias y tratando de rescatar valor de una basura que les llega totalmente mezclada, expuestos a encontrarse con ratas, animales muertos, excrementos, residuos en estado de putrefacción y en ocasiones con residuos hospitalarios que no han sido separados de acuerdo a la normativa”, advierten desde la UCRUS.
Expresan, asimismo, que su fuente de subsistencia es en parte alimento o vestimenta que rescatan de los residuos y la venta de algunos materiales como plásticos, cartón o metales, a precios manejados por los compradores e intermediarios.
Indican que otra situación muy grave es la de los clasificadores ambulantes, que trabajan con motos, bicicletas, carros de mano o a pie. “El número aumenta en situaciones en que aumenta la pobreza, como en la actualidad, y que también deben devolver la basura dispuesta en contenedores, con los mismos riesgos de los vertederos y con situación parecida en cuanto a sus fuentes de subsistencia”.
La UCRUS agrega que muchos de ellos hoy viven en situación de calle, durmiendo a la intemperie o en algunos casos en refugios en condiciones indignas. Hay otros que trabajan con carros a caballo y que pueden tener acceso a mejores materiales por parte de comercios o pequeños establecimientos. “Pero les han impuesto zonas de exclusión, las potencialmente más ricas, y muchas veces son reprimidos por las autoridades municipales o policiales. Esta represión también ocurre con otros ambulantes”.
Aseguran que hay, además, un pequeño número de clasificadores que han conseguido alguna forma de trabajo formalizado. En todo el país son menos de 500 en un total que supera largamente los 5.000.
“Un primer caso es el de los motocarros, que han sido dados a quienes entregaron sus caballos a cambio. En Montevideo, tienen un trabajo organizado desde la Intendencia y pueden llegar a tener jornales razonables. Pero trabajan en régimen de monotributos (empresas unipersonales) por fuera de los derechos laborales de un trabajador asalariado: sin horarios fijos, ni días de descanso, expuestos a ser convocados a una tarea a cualquier hora, sin licencia anual, ni aguinaldo”, denuncian.
Desde la UCRUS afirman que otro caso es el de los clasificadores formalizados en plantas de clasificación construidas como parte de un Plan de Gestión de Envases y que se han constituido como cooperativas. “En este caso tienen cobertura social y un sueldo base (que en muchos casos es inferior al salario mínimo nacional) y pueden sumarle lo obtenido por venta de materiales recuperados, sujetos a las condiciones y precios de los compradores. En estos momentos están en una situación de incertidumbre, porque no tienen un convenio de trabajo vigente a la espera de pasar a depender de las intendencias de cada departamento”.
Asimismo hay clasificadores convertidos a transportistas, con vehículos medianos de carga y que tienen autorización para retirar residuos de diferentes establecimientos comerciales y oficinas, entre otros. “En su mayoría también son monotributistas y están expuestos a reglamentaciones y exigencias, muchas veces cambiantes, que les dificultan el trabajo o les obligan a gastos excesivos para cumplir con lo que se les exige”, puntualiza UCRUS en sus reclamos.
En tal sentido, el dirigente del UCRUS, Luis Catalano, resaltó la importancia de la jornada que se realizó en la sede de la central sindical en que participaron delegados del PIT-CNT, el relator de la CIDH y representantes de los recolectores ambulantes, de todas las plantas ambulantes, de los vertederos y transportistas.
“Se habló sobre el trabajo de los clasificadores que son informales, de quienes realizan su actividad en las volquetas y contenedores de residuos, de las cooperativas y del Plan de Gestión de Envases que tiene como objetivo dar respuesta al uso de envases no retornables”, dijo Catalano en diálogo con el Portal del PIT-CNT.
Demanda internacional
Por su parte, el referente en temas ambientales del PIT-CNT, Jorge Ramada, resaltó que los clasificadores uruguayos se afiliaron a la Asociación Internacional de Clasificadores (AIR), por lo cual el relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la vulnerabilidad de los trabajadores informales visitó nuestro país para interiorizarse de la situación.
“Se escuchó y se tomó nota de los planteos de los clasificadores en Uruguay. Por lo cual la CIDH planteó, en primera instancia, “realizar una notificación y, eventualmente, una demanda al Estado uruguayo por la vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores informales”, dijo.
Ramada remarcó la importancia de este tipo de encuentros “porque se afirma la relación de UCRUS con la organización internacional de clasificadores”. Agregó que, a la vez, los clasificadores de nuestro país pudieron expresar directamente, sin intermediación, sus propios problemas.
También destacó el compromiso de la Relatoría de la CIDH de continuar con esta relación. Se remarcó, asimismo, la importancia de que la UCRUS es el único caso en el mundo de clasificadores sindicalizados, afiliados a una central de trabajadores.
“Hay organizaciones que son sindicales, pero que no están afiliadas a una central. En algunos países las centrales no los reconocen como trabajadores, porque muchos se encuentran formando parte de cooperativas o colectivos con algún tipo de amparo gubernamental. En pocos países se encuentran sindicalizados en forma individual, pero no afiliados a una central de trabajadores. Uruguay es el único caso en el mundo”, subrayó Ramada.
El derecho a la vida y al trabajo en el espacio público
Por otra parte, este viernes 5 de julio se realizó en el Campus Luisi Janicki, pioneras universitarias, el conversatorio: “El derecho a la vida y al trabajo en el espacio público”.
El objetivo de tal conversatorio ha sido poner en diálogo los actores sociales que “sobreviven del trabajo informal y precario en la ciudad, con actores institucionales responsables de promover, proteger y garantizar los derechos humanos”.
De este modo, la Universidad de la República también se ofrece como “plataforma para la construcción del diálogo multisectorial, promoviendo el abordaje de múltiples problemáticas actuales en la voz de sus protagonistas. Aportando a la incidencia de las organizaciones sociales junto a la democratización del conocimiento sobre los diversos instrumentos para la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional y a nivel regional e internacional”.
Participaron del conversatorio, además del relator de la CIDH, Javier Palummo; el defensor de Vecinas y Vecinos de Montevideo, Daniel Arbulo; integrantes de la ONG internacional Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO); Mónica Giordano, de la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, junto a integrantes de diversas organizaciones sociales de Uruguay, que aportaron sus perspectivas e inquietudes.
Fuente: https://www.pitcnt.uy